Los obispos celebran la regularización de inmigrantes y recuerdan que fueron ellos quienes la propusieron al Parlamento

La legalización masiva de inmigrantes que llevan años viviendo en nuestro país pero aún tienen sus papeles sin tramitar –muchos de ellos por trabas administrativas o por la lentitud de los estamentos oficiales– ha sido uno de los principales ejes de la relación entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.

Ahora, el anuncio de Podemos de que el Ejecutivo procede a llevar a cabo esa regularización masiva, ha sido recibido con satisfacción no sólo por el episcopado, sino por las cerca de 900 entidades de la sociedad civil que impulsaron, en 2024, una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento para dar una solución a quienes la propia Administración había dejado en un limbo legal.

Así, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han emitido un comunicado para celebrar «el anuncio de un proceso que lleve a la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en nuestro país», y califican la medida de «un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular».

Complemento «imprescindible» de la ley de extranjería

Tanto la CEE como el resto de entidades que impulsaron la ILP explican que «la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias».

Y matizan que ese reglamento «ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos». Un motivo por el cual, las distintas asociaciones eclesiales detrás de la iniciativa han solicitado al Gobierno «en reiteradas ocasiones» que incorpore, «como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria».

Así, la CEE recuerda que el actual reglamento de extranjería «deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan cotidianamente y que han sido objeto reiterado de las demandas», desatendidas por el Ejecutivo.

Colectivos vulnerables que quedan fuera

En concreto, apuntan a las «personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia; las personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos; y las personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica».

También quedan excluidas del reglamento actual «las trabajadoras y trabajadores (sic) que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración», los «solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad», y las «familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas».

Las propias entidades eclesiales han explicado en su comunicado que su propuesta de ILP recabó más de 600.000 firmas, y que desde el año 2023 se han venido desarrollando diferentes reuniones «con actores políticos y sociales, exponiendo la preocupación compartida y constatada en el día a día de la labor de acompañamiento que realizan entidades eclesiales por la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social».

El 68% de los irregulares, en exclusión

Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, elaborado por Cáritas, casi nueve millones de personas inmigrantes viven en España a fecha de hoy.

«La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social», denuncia la CEE.

De hecho, según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, «lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019», alertan.

Así, la medida anunciada ahora por el Gobierno (o, más concretamente, por su socio parlamentario Podemos, que se encuentra fuera ya del Consejo de Ministros desde la salida de su Secretaria General, Ione Belarra), ha sido fruto, según apunta la CEE, de la «inmensa labor de diálogo que se ha llevado a cabo» a instancias de la sociedad civil impulsadas por la Iglesia.

«Esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión», concluye la nota del episcopado.