Pedro Sánchez, durante una intervención
«En el País Vasco no se atrevería»: Sánchez provoca que 2.600 gallegos se queden sin la concesión de discapacidad
La denuncia del Plan de choque gallego, que pretende luchar contra el exceso de burocracia en la concesión de la dependencia y la discapacidad ha tenido consecuencias como esta. Tal y como asegura la Xunta, los perjudicados tendrán que volver a evaluarse
Uno de los objetivos del Gobierno autonómico de Alfonso Rueda era la simplificación de trámites. Desenredar las gestiones de los gallegos a través del denominado Plan de Choque. Sin embargo, el Ejecutivo central ha bloqueado su implantación a través de un recurso de inconstitucionalidad. Este gesto ha impedido, entre otras cosas, la concesión de discapacidad a 2.600 personas que se encuentran a la espera del certificado y que tendrán que esperar de manera indefinida a que este le pueda ser concedido.
Así lo denunció la consejera de Política Social de Igualdad de la Xunta de Galicia, Fabiola García, que subrayó que el Gobierno de la región no puede conceder automáticamente la discapacidad por el recurso impulsado por el equipo de Pedro Sánchez.
El atasco que esto supone y el perjuicio para los afectados se traduce, además, en la paralización de otros trámites relacionados. Por ello, García ha pedido al ejecutivo central la retirada inmediata de este recurso que, a su juicio, «solo se explica por un afán recaudatorio».
En este sentido, ha apuntado que los más de 12.600 dependientes a los que la Xunta reconoció la discapacidad durante el año de vigencia del Plan de choque «supusieron 114 millones de euros menos de recaudación para el Ejecutivo central en 2025 en Galicia».
La conselleira ha denunciado que la actuación del Gobierno de España «no va contra la Xunta, va contra todos los gallegos con dependencia, ya que tiene consecuencias sobre ellos en forma de retrasos, más trabas burocráticas y demoras en la atención».
El recurso del Gobierno supondrá que las personas tendrán que presentarse a una nueva valoración «a pesar de haberse ampliamente comprobado que existe una relación directa entre el grado de dependencia y el porcentaje de discapacidad».
Copia del modelo central
Fabiola García ha incidido «en lo contradictorio que es que el Gobierno central recurra un modelo que copia en su propuesta de modificación de la Ley de Dependencia que está en tramitación en el Parlamento». Esta propuesta, según ha indicado, recoge la homologación automática que hasta ahora aplicaba la Xunta, «pero quitando los beneficios fiscales a los que tienen derecho estas personas».
Además, desde la Xunta acusan a Sánchez de «actuar con Galicia como nunca se atrevería a hacerlo con Cataluña y el País Vasco». Al respecto, ha denunciado «las trabas» que, conforme ha apuntado, está poniendo a la atención a los dependientes gallegos, no solo con su recurso al Plan de choque sino también al no financiar el 50 % de la dependencia a lo que obliga la Ley.
Esto, en su opinión, contrasta con el acuerdo entre el Gobierno de España y el País Vasco para sufragar a partes iguales (50 %-50 %) el coste de los servicios, lo que supone generar dependientes de primera y dependientes de segunda.
