El consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, en la jornada de presentación de la Ley de salud de Galicia.
Galicia endurece la Ley de Salud tras casi 1.000 agresiones a sanitarios en un año
Esta ley incluye expresamente a los técnicos de emergencias sanitarias y del 061 entre los profesionales protegidos
La Xunta de Galicia ha dado un paso decisivo para combatir la violencia en el ámbito sanitario con la modificación de la Ley de salud autonómica. El consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha subrayado la «determinación» del Gobierno gallego de «acabar con cualquier acto violento» contra los profesionales del sistema durante la presentación de la reforma celebrada en Santiago de Compostela.
El acto, en el que también participó la secretaria general técnica de la Consejería, Natalia Lobato, sirvió para detallar una norma que, según el consejero, incorpora una «visión jurídica, profesional y social» y eleva la protección del personal sanitario «al máximo rango normativo».
En 2025 se registraron en Galicia un total de 950 episodios de violencia en la sanidad pública, de los cuales 344 fueron agresiones físicas. La mayoría de estos incidentes se produjeron en consulta (317), aunque también se detectaron casos fuera de los centros sanitarios.
Por niveles asistenciales, más de 560 episodios tuvieron lugar en hospitales, 300 en atención primaria y 71 en servicios de emergencias extrahospitalarias. Estos datos han llevado a la Xunta a diseñar una ley que no solo aborde la violencia dentro de los centros, sino también la que se produce en la calle o en el entorno laboral del personal sanitario.
Las principales novedades de la Ley
Entre las principales novedades, Galicia se sitúa como comunidad pionera al incluir expresamente a los técnicos de emergencias sanitarias y del 061 entre los profesionales protegidos. Además, la cobertura se amplía a todas las categorías, desde personal médico y de enfermería hasta trabajadores de administración, admisión, transporte e inspección, tanto del ámbito público como del privado.
La reforma también introduce medidas concretas para prevenir y actuar frente a agresiones. Así, los profesionales podrán suspender la atención a pacientes que realicen grabaciones sin consentimiento. Asimismo, la ley incorpora por primera vez el acoso y el ciberacoso como formas de violencia a combatir.
En cuanto a los agresores, se contempla la posibilidad de asignarles otro profesional o derivarlos a un centro distinto con el fin de proteger a la víctima. Además, el personal agredido tendrá derecho a solicitar movilidad laboral.
La normativa prevé también la creación de un registro confidencial en el que se recogerán los actos de violencia sancionados, así como el impulso de campañas informativas dirigidas a la ciudadanía para sensibilizar sobre este problema. Otra de las claves será la formación; la capacitación en manejo de conflictos será obligatoria para el nuevo personal sanitario y computará como mérito en su carrera profesional.
