Consejera de Vivienda y planificación de las infraestructuras, María Martínez Allegue
Galicia rechaza el traspaso de la AP-9: la Xunta denuncia una «cláusula trampa» que podría costar millones
Consideran que incluye condiciones que podrían acabar suponiendo un importante coste económico para las arcas autonómicas
La transferencia de la AP-9 a Galicia vuelve a situarse en el centro del debate político. La Xunta ha mostrado su rechazo al texto pactado por PSOE, Sumar y BNG para traspasar la titularidad de la principal autopista gallega, al considerar que incluye condiciones que podrían acabar suponiendo un importante coste económico para las arcas autonómicas.
La consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, aseguró que el Gobierno gallego sigue defendiendo la transferencia de la autopista, pero dejó claro que no está dispuesto a aceptarla en los términos actualmente planteados. «Queremos la transferencia de la AP-9, pero no en estas condiciones», afirmó en una entrevista radiofónica, en la que criticó que el texto aprobado esta semana en la ponencia del Congreso «desvirtúa y rompe» el acuerdo que había sido respaldado por unanimidad en el Parlamento de Galicia.
La Xunta alerta de una posible factura
El principal punto de discrepancia se encuentra en una disposición que establece que el Estado asumirá las consecuencias derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia. Para la Xunta, esa garantía no ofrece suficiente seguridad jurídica.
Allegue considera que existe una «cláusula trampa» relacionada con el futuro de la concesión de la autopista. Según explicó, si en algún momento una resolución de las instituciones europeas obligase a anular la concesión de la AP-9 y fuese necesario indemnizar a la concesionaria Audasa, esa responsabilidad podría no recaer sobre el Estado.
La consejera argumenta que, en ese supuesto, la decisión no procedería directamente del Gobierno central, sino de un dictamen europeo, por lo que Galicia podría acabar asumiendo costes que considera ajenos a su competencia.
La responsable autonómica también dirigió sus críticas al BNG y al PSdeG, a quienes pidió que mantengan el texto original aprobado por el Parlamento gallego si realmente comparten la misma posición. Desde la Xunta sostienen que las modificaciones introducidas durante la tramitación parlamentaria rompen el consenso alcanzado en Galicia y podrían terminar «lastrando económicamente» a la comunidad.
El debate sobre la AP-9 se produce en un momento especialmente sensible, ya que la autopista sigue siendo una de las principales reivindicaciones políticas y sociales en Galicia debido a los elevados peajes y al largo historial de reclamaciones sobre su gestión.
