Hacienda persigue a la dueña de un piso okupado por una marroquí que no pagó la renta durante 5 años

«No me voy a deshacer de este piso en la vida». Así respondía Pilar a una llamada telefónica en la que mostraba su desesperación por la situación, una vez más injusta, que le ha tocado vivir por tener en alquiler un piso en La Coruña que no le ha traído más que problemas. La última mala noticia llegaba desde la Agencia Tributaria.

Hacienda envió un requerimiento a Pilar en relación al piso que tuvo okupado durante más de cinco años por una mujer marroquí que no le pagaba ni la renta ni los suministros. «Este documento es un requerimiento de documentación, en el que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le solicita que aporte documentación relacionada con su declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2022», puede leerse en el documento al que ha tenido acceso El Debate.

Por ello, Hacienda le ha pedido el contrato de arrendamiento, el justificante de los ingresos mensuales, los justificantes de todos los gastos deducibles como recibos del IBI, primas de contratos de seguro, gastos de comunidad satisfechos por el propietario, así como cualquier otro gasto deducible según el art. 13 del Reglamento del IRPF.

Para Pilar, este trámite le hace recordar el calvario que ha padecido durante años al no poder recuperar el piso que alquiló junto a su ya fallecido marido. La inquiokupa vivió en la propiedad de la perjudicada durante más de cinco años sin pagar el alquiler y sin querer abandonar el inmueble a pesar de que la administración le ofreció alternativa habitacional en dos ocasiones.

Deuda de miles de euros

Cuando la okupa abandonó la casa obligada por la Justicia, dejó la casa destrozada y el gas abierto. Además, Pilar tuvo que hacer frente a una deuda de miles de euros por los suministros de los que disfrutó la mujer de origen marroquí que vivía en su propiedad.

Como brizna de esperanza, Pilar tuvo conocimiento de que la Xunta podría hacerse cargo de ello. Sin embargo, debía presentar recibo tras recibo a la administración, algo imposible al haber pagado, en ocasiones, a través de una llamada telefónica de la que no quedó más constancia. La compañía de agua tampoco le facilita las cosas y, por el momento, no ha podido conseguir los documentos que la Administración le pide para hacerle el abono.

El juicio, celebrado el pasado 5 de mayo, puso fin a un largo proceso en el que la «pasividad» de administraciones y de la Justicia había dejado a Pérez en una situación de desamparo, según asegura dP Abogados.

La demandada, que ocupaba la vivienda, justificaba su permanencia alegando vulnerabilidad. Sin embargo, Xaime da Pena, director de dP Abogados y defensor de Pérez, logró demostrar que la ocupante rechazaba deliberadamente las alternativas habitacionales ofrecidas por los servicios sociales, forzando su situación de vulnerabilidad, según indica dP Abogados.