La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con el alcalde de Muras, Manuel Requeijo
El PP denuncia al alcalde nacionalista de Muras por contratos a asesorías vinculadas al BNG
Los populares llevan al juzgado una presunta prevaricación continuada por pagos a despachos de abogados desde 2015 que superarían los límites establecidos para los contratos menores
El PP del municipio lucense de Muras ha denunciado al alcalde, Manuel Requeijo (BNG), por un presunto delito de prevaricación continuada. Consideran que el Ayuntamiento habría abonado facturas por servicios jurídicos que superarían los límites establecidos para los contratos menores y que alcanzarían los 387.805 euros desde el año 2015.
Ante esto, la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, ha exigido explicaciones al BNG. En declaraciones a los medios este martes tras una información avanzada por el diario ABC, la número dos de los populares gallegos ha asegurado que existe «un conglomerado» de empresas contratadas por el alcalde del municipio lucense a las que ha destinado 387.000 euros desde el año 2015 para asesoría jurídica.
Todos ellos, según Paula Prado, tienen «un hilo conductor»: «son dos empresas relacionadas entre sí porque de ellas formaba parte el diputado autonómico Óscar Insua». Así, ha defendido la legalidad de los contratos menores, pero los del Ayuntamiento de Muras que denuncia el PP, ha asegurado, están «por encima del límite legal que permite la ley».
Por todo ello, Prado ha acusado al BNG de «utilizar ese dinero» para «alimentar empresas afines», precisamente en un ayuntamiento como el de Muras, «donde hay una implantación de eólicos muy importante».
Vinculación de los empresarios con el BNG
La secretaria general del PPdeG ha querido pasar «de la parte local a la autonómica» y ha puesto el foco en otras personas que formaron parte de las empresas a las que apunta la denuncia de los populares.
En concreto, además de Insua, Prado ha mencionado a Alberte Souto, «persona que nombró el BNG para el Consejo Consultivo» y a Fernando de Abel Vilela, pareja de una de las abogadas de las asesorías y propuesta del Bloque para la vicevaledora del Pueblo, que fue vetado por el PP al considerar que no era un perfil «institucional y alejado de la polémica partidista».
Además, ha destacado que la abogada que firma las demandas de Adega contra los eólicos, María Concepción García Calvo, es quien sustituyó a Insua como administrador de una de esas empresas. Tal y como ha manifestado Prado, García Calvo firmó «19 recursos en 2024, cuatro en 2025 y otros cuatro en 2026». Por lo tanto, ha argumentado, «la relación de Adega parece que es importante, también la de de Abel Vilela, vocal de Adega».
«Creemos importante que el BNG dé explicaciones de esto dada la vinculación de los empresarios de ese conglomerado de empresas con el BNG, que se alimentan de un ayuntamiento del BNG e insisto, eólicos no, salvo que sea para financiar empresas del BNG. Es una hipocresía del BNG que creemos que debe explicar», ha zanjado.
