Una calle de Santiago de Compostela
La razón por la que la Xunta paga 2,6 millones de euros a Santiago este año
El Gobierno gallego financia los gastos derivados de su condición de capital
La Xunta de Galicia aprobó recientemente un convenio de colaboración entre el departamento de Hacienda y el Ayuntamiento de Santiago. En virtud de este acuerdo, el Gobierno gallego aportará más de 2,6 millones de euros al ente local en 2025 para «la financiación de los gastos derivados de su condición de capital de la comunidad autónoma», según indicó el Ejecutivo que preside Alfonso Rueda.
Este pago se rige por la Ley 4/2002, del Estatuto de Capital de Santiago de Compostela, que reconoce a este urbe como sede de las instituciones regionales y capital de Galicia. En esta norma se indica que «tendrá un apartado específico en los presupuestos autonómicos».
El Estatuto de la Capital establece la necesidad de prever, por parte de del Gobierno gallego, financiación específica para ayudar a cubrir el coste adicional derivado de la presencia de instituciones regionales en el ámbito municipal de Santiago de Compostela.
La cantidad destinada para este 2025 asciende a 2.631.667 euros, lo que supone un incremento de 10 % respecto al año pasado.
Estatuto de la capitalidad
La ley establece la creación del Consejo de la Capitalidad como órgano colegiado, de carácter permanente, «cuyo objeto es la coordinación entre la Administración autonómica de Galicia y la Corporación municipal de Santiago de Compostela en lo que afecta a sus respectivas competencias y responsabilidades derivadas del hecho de la capitalidad».
Una de sus funciones es la de estudiar y valorar «los costes que para la ciudad de Santiago de Compostela conlleva su condición de capital de Galicia y, en su caso, la fijación de los instrumentos de compensación precisos», según recoge la ley.
La fijación de Santiago como sede de las instituciones autonómicas derivó en la necesidad de afrontar nuevos retos, particularmente en relación con la prestación de servicios públicos, así como con la implantación de dotaciones y equipamientos, determinados directamente por la presencia de las instituciones autonómicas en el termo municipal.
