El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
Esto sabe la Xunta sobre el nivel de peligrosidad de los bidones radioactivos hundidos frente a la costa gallega
Las competencias en materia de seguridad nuclear son exclusivas del Gobierno central
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado al Gobierno central una mayor transparencia e información sobre los bidones radiactivos arrojados en la Fosa Atlántica frente a la costa gallega entre 1942 y 1982, pese a que, según ha asegurado, «por el momento se transmite tranquilidad».
Durante una comparecencia ante los medios en Bruselas, Rueda ha explicado que la información trasladada hasta ahora indica que «el efecto de estos bidones es inocuo» y que «no hay motivo de preocupación».
No obstante, ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central mantenga al Gobierno gallego puntualmente informado sobre cualquier novedad que pueda surgir, especialmente a raíz de la expedición francesa que investiga actualmente el estado de estos residuos.
«Queremos estar bien informados», ha reiterado Rueda, subrayando que los contenedores se encuentran «a una distancia considerable de la costa de Galicia», aunque ha recordado que las competencias en materia de seguridad nuclear son exclusivas del Gobierno central. Por ello, ha instado a Moncloa a mantener contacto directo con la organización francesa que lidera la investigación y a comunicar cualquier cambio relevante.
«Si realmente no hay ningún riesgo, perfecto. Pero si hay algo más que transmitir, queremos conocerlo de primera mano», ha zanjado el presidente de la Xunta.
Lo que se sabe hasta la fecha
La presencia de los bidones ha generado una gran inquietud y un sinfín de interrogantes, muchos de los cuales aún no han encontrado respuesta. El objetivo principal de la expedición oceanográfica francesa es ubicar con precisión dónde se encuentran estos bidones y evaluar su estado actual.
Estos vertidos no son recientes. Se remontan a mediados del siglo XX, cuando países como Reino Unido y Bélgica optaron por depositar estos contenedores en esta zona del Atlántico, considerando que existía un bajo riesgo de actividad sísmica. Las operaciones de vertido continuaron hasta 1993, año en que un cambio en la legislación internacional prohibió este tipo de prácticas. No obstante, la nueva normativa no supuso la retirada de los bidones ya sumergidos.
A día de hoy, continúan bajo el mar. Las naciones implicadas afirmaron que no se trata de residuos nucleares como tales, sino de materiales provenientes de equipos e instrumentos utilizados en entornos de investigación y laboratorios. Hasta el momento, se estima que el número total de bidones alcanza los 1.800.
