La alcaldesa socialista de La Coruña planea duplicar el terreno de aparcamiento regulado de la ciudad

Pagar por aparcar es una realidad que los ciudadanos han ido asumiendo paulatinamente durante los últimos años. En el caso de La Coruña, los residentes y turistas tendrán que aceptar una nueva complicación: prácticamente el doble de terreno contará con este tipo de aparcamiento regulado denominado ORA.

La nueva ordenanza de movilidad fue apoyada por PSOE y BNG en junio. Tras varias alegaciones, la modificación volvió al pleno donde el Partido Popular la criticó duramente. Esta ampliación incluida en este plan recoge que los vecinos de barrios como Elviña, Lonzas, Los Mayos, Sardiñeira, Matogrande, Riazor o Ciudad Jardín se encuentren ahora en esta zona cuando antes no lo estaban. En la imagen de la noticia se aprecia como en azul aparecen las zonas actuales y en rojo la posible ampliación.

El PP, ante la nueva aprobación, preguntó a la alcaldesa socialista de La Coruña, Inés Rey, si tenía previsto comenzar a cobrar por aparcar en estos barrios, tal y como aparecía en la ordenanza.

Su respuesta fue calificar de «bulo» la información, aunque esta estuviese en el Anexo V de la normativa. Por lo tanto, el Ayuntamiento se reserva la capacidad de ampliar la ORA cuando lo estime oportuno, sin necesidad de pasar por el pleno ni consultar a los vecinos. Además, es importante matizar que este proyecto se encuentra en fase de aprobación inicial por lo que aún tendría que pasar distintos procesos para su implantación definitiva,

Desde el Grupo Popular denunciaron que esta «ampliación responde únicamente a un afán recaudatorio». Los principales afectados serán los residentes, recuerdan, «que pasarán a pagar por aparcar en su propio barrio sin que se les haya ofrecido ninguna alternativa viable de transporte público o aparcamiento disuasorio».

Por otro lado, la problemática se agrava teniendo en cuenta que el Gobierno municipal ha eliminado más de 1.400 plazas de aparcamiento en toda la ciudad durante este mandato, por lo que la escasez de aparcamiento es, cada vez, más evidente. En

Sin diálogo

Estos cambios, que se desconoce cuando serán aplicados, se plasmaron en el documento sin ningún tipo de diálogo o proceso participativo con sectores clave como las asociaciones vecinales, el comercio local, los transportistas, los taxistas o las personas con movilidad reducida. La alcaldesa defiende que este proceso sería posterior y, por lo tanto, aún puede sufrir modificaciones.

Otra de las críticas es que, todo esto se pretende aplicar sin haber actualizado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que data de 2014. «Una ordenanza que modifica por completo el modelo de ciudad no puede apoyarse en un documento técnico desfasado y sin validez legal actual», afean los populares.

«Nos preocupa profundamente que esta ordenanza se pretenda poner en marcha mientras las concesiones asociadas a la movilidad (como la ORA o la grúa) están caducadas o próximas a caducar. Es un despropósito aprobar medidas de tal calado sin tener garantizados los servicios que deben ejecutarlas. Es una muestra más de la falta de planificación del Gobierno de Inés Rey, que ha demostrado en seis años de mandato ser incapaz de dotar a la ciudad de una estrategia seria y coherente en materia de movilidad.», valoran en contestación a El Debate.