Llega a La Coruña el ‘impuestazo’ de la basura: así será la subida aprobada por el PSOE

Los vecinos y comerciantes de La Coruña se llevaron una desagradable sorpresa a finales del pasado mes de julio, cuando la alcaldesa, Inés Rey (PSOE), anunció una importante subida de un impuesto que afecta a todo el mundo: la tasa de basuras. Se trata de una medida que tarde o temprano iba a llegar a la ciudad, ya que la mayoría de los ayuntamientos de España se han visto obligados a revisar al alza su cuantía para garantizar que el ingreso cubre el coste real del servicio.

En el caso coruñés, el recibo más bajo pasará a estar fijado en 117,48 euros al año, frente a los cerca de 60 que pagaba un hogar normal hasta ahora. Mientras que la tarifa más elevada quedará establecida en 200,98 euros. Esto implica que el tributo se duplicará en el mejor de los casos y que se triplicará en la peor de las situaciones.

El precio de la tasa se calculará con un modelo que incluye una parte fija y otra variable vinculada al consumo de agua. El Gobierno local ha establecido un período transitorio para aplicar las nuevas cuantías, que finalizará en 2029, cuando se completará la subida de este impuesto.

Una vez completada la subida de este tributo, una vivienda que no tenga derecho a bonificación pasará a pagar una cuota fija de 85,98 euros, a lo que habrá que añadir la tarifa variable correspondiente al consumo de agua (la más baja es de 30 euros y la más alta es de 105) y el gravamen por ruta establecido por zonas.

El PP de La Coruña rechaza la subida porque «todo lo que rodea a la basura en el Ayuntamiento no funciona como debe y porque no es momento de subir impuestos con el coste actual de la cesta de la compra o la vivienda».

Origen del incremento

Esta medida es consecuencia directa de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que fue impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y no tardó en generar una importante polémica debido al incremento de las tarifas a abonar por parte de la ciudadanía.

En concreto, esta norma deriva de una directiva aprobada por la Unión Europea que obliga a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a establecer «una tasa que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos», tal y como señala la propia norma aprobada por el Ejecutivo central.

Hasta ahora, los coruñeses solo pagaban una parte del coste de la recogida y tratamiento de residuos, y el resto lo subvencionaba el Ayuntamiento. Según los cálculos municipales, los ingresos anuales del servicio ascienden a 29,8 millones de euros y la previsión de ingresos se queda en 16,8 millones (el 56,36 % del gasto), lo que supone un déficit de 13 millones.