La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey
El Ayuntamiento de La Coruña declara nulo un encargo verbal para esquivar una factura de 700.000 €
El Gobierno local del PSOE admite irregularidades por un encargo verbal a un arquitecto
El Ayuntamiento de La Coruña recibió el pasado año una reclamación de un arquitecto que exige el pago de 700.000 euros por un encargo verbal recibido por parte del área de Urbanismo. El objetivo de dicha encomienda era actualizar y ampliar el proyecto de obra del nuevo mercado de Monte Alto. Ahora, esta polémica actuación del Ejecutivo municipal, liderado por la socialista Inés Rey, vuelve a ser protagonista.
El Gobierno local del PSOE tiene previsto aprobar este miércoles un acuerdo por el que procederá a declarar la «nulidad de pleno derecho» de este contrato verbal realizado con el técnico, tanto para la revisión y modificación del proyecto inicial como para la dirección facultativa de las obras de reforma de la plaza del mercado y de la escuela infantil.
Además, el Ayuntamiento ordenará a la Dirección del Área de Planificación Estratégica que elabore un expediente para incorporar una partida en el presupuesto que permita afrontar esta importante reclamación por trabajos realizados, tal y como afirma la propuesta, «sin cobertura contractual».
Otro punto incluido en la propuesta que está previsto que reciba luz verde este miércoles en la Junta de Gobierno Local es la instrucción, por parte de la Dirección General del Ayuntamiento, de una investigación para la determinación y depuración de las «posibles responsabilidades» en que se pudiesen incurrir como consecuencia de la actuación administrativa que ha dado lugar a este acuerdo.
Origen del conflicto
El conflicto tiene su origen en el concurso público que este profesional de la arquitectura ganó en el año 2018. Según recoge la reclamación remitida al consistorio, el técnico elaboró una propuesta basada en un presupuesto de ejecución de 3,77 millones de euros para remodelar el mercado municipal de Monte Alto. Sin embargo, el contrato salió a concurso público en 2022 sin que ninguna empresa se presentase al procedimiento.
Ante esta situación, el Ayuntamiento solicitó una actualización y modificación del proyecto. El profesional alega que los cambios impuestos por la Administración local elevaron el presupuesto de las obras de rehabilitación de la plaza, el mercado y la escuela infantil de 3,7 a más de 10,4 millones de euros.
Según recoge el escrito, el nuevo diseño entregado en junio de 2022 no solo actualizó precios, sino que incorporó cambios estructurales que no estaban previstos inicialmente: la creación de un mercado provisional en la plaza Indalecio Prieto, un proyecto de urbanización perimetral que incluye la peatonalización de calles, el diseño completo de los puestos del mercado y el equipamiento de la escuela infantil, además de mejoras en la eficiencia energética.
«Así las cosas, con fecha 17 de marzo de 2022, fue requerido de urgencia por la Jefa de Servicio de Edificación del Área de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad para realizar un nuevo proyecto para su licitación en 2022, cuyos requerimientos no están incluidos en el contrato en vigor, por el que ya había sido abonado el importe correspondiente a la fase I, lo que se puso de manifiesto desde la primera reunión el 30 de marzo de 2022», afirmó el reclamante.
Coste
La reclamación presentada incluye los honorarios correspondientes a la redacción del nuevo proyecto básico y de ejecución (332.364 euros), dirección de obra (221.576 euros), dirección de ejecución de obra (127.577 euros) y honorarios por trabajos ajenos a la dirección facultativa de las obras (18.900 euros).
El propio Gobierno local, que ya ha reconocido irregularidades tras tramitar un expediente para analizar el caso, señaló en una resolución del Área de Planificación Estratégica que «parece evidente» que se trata de un «encargo verbal». Asimismo, el Ejecutivo advirtió de que, al no seguirse los mecanismos formales establecidos por la normativa de contratación pública, esta actuación constituye un encargo carente de los requisitos esenciales de validez y publicidad que deben regir los contratos del sector público.