La Guardia Civil de Córdoba, también olvidada por Marlaska

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a denunciar que Córdoba es una de las provincias «abandonadas» en el reparto de efectivos y medios por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil. Según sus portavoces, la provincia «lleva años siendo ignorada» en comparación con otras donde la criminalidad tiene mayor incidencia y repercusión pública, como el litoral andaluz o el Campo de Gibraltar. En Córdoba, al tratarse de una provincia de interior, los delitos no resultan «tan llamativos», pero eso -subrayan desde AUGC- no debería ser motivo para desatender sus necesidades de seguridad.

Las cifras avalan la queja. En los últimos cinco años, la criminalidad en demarcaciones de Guardia Civil en Córdoba ha crecido un 40%, mientras la plantilla ha perdido un 6% de efectivos y mantiene 165 vacantes sin cubrir. «Lo sorprendente es que son los propios guardias quienes piden más compañeros porque se sienten desbordados, cuando debería ser la institución la que reconociera la falta de recursos humanos», apuntan desde AUGC. La asociación advierte de que, si la tendencia se mantiene, Córdoba acabará superando a otras provincias históricamente con mayor tasa de delincuencia.

El déficit de recursos afecta también a infraestructuras y material. Un estudio nacional de AUGC sobre el estado de los pabellones de la Guardia Civil reveló que solo el 43% de las 678 viviendas oficiales está en buen estado; el resto presenta deficiencias, con un 15% inutilizable. En Córdoba, ejemplos como el cuartel provisional de La Carlota, en uso desde hace años pese a no reunir condiciones adecuadas, o el de Cabra, con instalaciones deterioradas, ilustran este deterioro. La flota de vehículos tampoco escapa al desgaste: en 2024 solo llegaron diez unidades nuevas frente a las dieciocho dadas de baja, lo que obliga a prolongar el uso de coches viejos con continuas averías.

Desde el ámbito político, Vox ha llevado estas denuncias al Congreso. Su diputado por Córdoba, José Ramírez, recuerda que «una cuarta parte de los acuartelamientos está en situación dramática» y cita los apagones sufridos en la propia comandancia de Córdoba, un edificio centenario sin inversiones suficientes. Ramírez denuncia además la presión añadida por nuevos servicios como delincuencia informática o violencia de género, que absorben efectivos en un contexto de reducción de plantilla, y critica que el Gobierno de Sánchez «premie a mandos pese a desastres como la tragedia de Barbate».

El Partido Popular también ha recogido las demandas. Parlamentarios cordobeses se han reunido con AUGC y han asumido propuestas como la reforma del Código Penal Militar, que actualmente se aplica a guardias civiles en su vida ordinaria y que, según denuncian, provoca situaciones «muy graves y penosas» para agentes y familias.

Las asociaciones profesionales insisten en que la profesionalidad de los agentes compensa parcialmente estas carencias, con servicios diarios que duplican o triplican esfuerzos, pero advierten de que la situación es insostenible. La pérdida de plantilla, el deterioro de los acuartelamientos y el aumento de la criminalidad en Córdoba contrastan con el refuerzo que el Ministerio ha destinado a otras provincias andaluzas. Para AUGC y los representantes políticos que han recogido sus quejas, esa diferencia en el trato no deja lugar a dudas: Marlaska discrimina a la Guardia Civil de Córdoba.