Lugar donde celebraba una fiesta con sus amigos Álex Ortega antes de ser apuñalado
Vox registra una PNL para depurar responsabilidades por el asesinato de Álex Ortega en Córdoba
Reclama revisar los protocolos de tutela de menores y reforzar la coordinación policial y la transparencia en los centros
El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha registrado en el Parlamento autonómico una Proposición No de Ley (PNL) para que se aclaren las circunstancias y se depuren responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales por el asesinato de Álex Ortega, el joven cordobés de 16 años apuñalado presuntamente por otro menor tutelado por la Junta. La iniciativa pone el foco en posibles fallos del sistema de protección y seguimiento de menores con antecedentes de violencia.
La proposición reclama una investigación «exhaustiva» de la gestión del caso y la revisión inmediata de los procedimientos de custodia y seguimiento de menores tutelados con historial violento o delictivo. Plantea, además, un sistema de control más estricto en centros de protección, protocolos reforzados ante ausencias injustificadas y una mayor coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar la respuesta ante desapariciones. Vox también propone evaluar la idoneidad de las medidas de tutela vigentes y la creación de recursos con mayor vigilancia para perfiles de alto riesgo.
Críticas a la Junta
El diputado autonómico cordobés Alejandro Hernández traslada la solidaridad del grupo a la familia y amigos de Álex y sostiene que el crimen «evidencia graves fallos» en los protocolos. Señala, además, que la consejera de Inclusión, Loles López, «desconocía» que el menor investigado dependía de su departamento, algo que —según Vox— mostró «en sede parlamentaria» al situarlo en un centro de Justicia. «Si la Junta acepta de plano abonar 450.000 euros de indemnización a la familia, debe haber también una responsabilidad política», afirma Hernández, que pide saber «qué ha fallado» para evitar que se repitan hechos similares.
Vox enmarca la propuesta en un debate «legítimo» sobre el régimen de responsabilidad penal de los menores, que, a su juicio, se reaviva con casos de especial alarma social. «Es un debate complejo que habrá que abordar en los foros adecuados», concluye el diputado, apelando entretanto «al buen hacer» de los jueces en la aplicación de la ley vigente.
