Taxis de Córdoba
Facua Córdoba cuestiona que el CMC apruebe las tarifas del taxi para 2026 incumpliendo la normativa vigente
La asociación denuncia la incorporación de costes ajenos al servicio y reclama al Ayuntamiento que revise la subida del 2,7%, mientras que el consejo vecinal aclara que no tiene competencia para aprobar tarifas
Facua Córdoba ha cuestionado la decisión del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de respaldar la revisión de las tarifas del taxi en Córdoba para 2026 y ha advertido de que dicho acuerdo «incumple la normativa vigente» al basarse en criterios prohibidos y permitir la inclusión en la estructura tarifaria de costes que no guardan relación directa con el servicio. El órgano municipal difundió un incremento del 2,7%, coincidente con la variación del IPC, un planteamiento que la organización considera contrario al marco regulatorio de los precios autorizados.
La asociación recuerda que el Decreto 365/2009 y el Real Decreto 55/2017, que desarrolla la Ley de Desindexación, impiden vincular automáticamente los precios públicos al IPC y obligan a justificar cualquier revisión en variaciones acreditadas de costes directamente vinculados a la actividad. Según Facua, la propuesta parte de una estructura tarifaria que integra más de dos millones de euros en conceptos como telefonía, internet, emisoras, gestoría, sistemas GPS e impresoras, así como servicios prestados por la propia entidad privada Autacor o el impuesto municipal de entrada de vehículos, incluso para profesionales sin cochera.
Para la asociación, incorporar estos gastos a la tarifa «vulnera el principio de proporcionalidad» y encarece el servicio sin mejorar su eficiencia. Recuerda que, pese a los incrementos aplicados desde 2023, persisten las quejas ciudadanas por la escasez de taxis en determinadas zonas y franjas horarias, además de la reducción horaria única en España implantada en Córdoba, mientras el CMC —como órgano municipal— «permanece inactivo» ante las demandas históricas de mejora del sector.
Facua reclama que el Ayuntamiento adopte el acuerdo tarifario «conforme a la normativa», excluya de la estructura todos los costes ajenos al servicio y ejerza el control que le asigna la ley para proteger a los usuarios.
El CMC precisa su papel y defiende su posición
El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, matiza que el CMC «no aprueba tarifas», una competencia que corresponde exclusivamente al Ayuntamiento y posteriormente a la Junta de Andalucía. Señala que el Consejo se limitó a expresar una posición favorable a que las subidas de los servicios públicos «ronden el IPC», por coherencia con otros ámbitos, pero sin entrar a determinar si la estructura de costes presentada por el sector o el Ayuntamiento cumple los requisitos legales.
De Gracia explica que el CMC no dispone de personal técnico ni jurídico para estudiar la justificación económica y recuerda que las asociaciones de consumidores, incluida Facua, podrían haber planteado sus objeciones en el propio Consejo. Añade que el CMC sí ha impulsado cambios para 2026, como la revisión de las tarifas de periferia, consideradas excesivas, y la propuesta de que los polígonos industriales pasen a integrarse en la tarifa urbana habitual.
