El PP de Córdoba acusa al Gobierno de «burocratizar» el empleo del hogar con la nueva normativa de prevención

La diputada del Partido Popular por Córdoba en el Congreso de los Diputados, Isabel Prieto, ha criticado la nueva normativa estatal que obliga a las familias empleadoras a elaborar un plan de prevención de riesgos laborales para el empleo doméstico, una exigencia que, a su juicio, «traslada a los hogares una carga burocrática propia de las pequeñas empresas».

Prieto ha recordado que la medida entró en vigor el pasado 14 de noviembre y obliga a todas las familias con personal contratado en el hogar —ya sea para tareas domésticas o para el cuidado de menores, mayores o personas dependientes— a evaluar los riesgos laborales a través de la plataforma digital Prevención 10, habilitada por el Ministerio de Trabajo. Según la diputada, se trata de familias que recurren a este tipo de empleo «por necesidad y para poder conciliar», no de relaciones laborales empresariales.

En este contexto, la parlamentaria popular ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero «trata a las familias como si fueran pymes», imponiéndoles trámites que muchas no están en condiciones de asumir. «En muchos casos no tienen conocimientos en prevención de riesgos laborales ni habilidades digitales suficientes para completar estos procedimientos», ha señalado.

Prieto ha añadido que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones económicas, lo que, unido a los problemas técnicos de la propia plataforma, «genera inseguridad jurídica». Según ha indicado, Prevención 10 ha sufrido fallos informáticos y colapsos que han impedido a numerosas familias completar el trámite dentro del plazo exigido. «El Gobierno amenaza con multas, pero no garantiza que las herramientas funcionen», ha resumido.

La diputada ha advertido además de un posible efecto indeseado de la norma: «Lejos de mejorar la protección de las trabajadoras del hogar, esta complejidad puede empujar a algunas familias hacia el empleo irregular». En este sentido, ha subrayado que muchas ya afrontan «dificultades para llegar a fin de mes» y soportan «una elevada presión fiscal», por lo que considera que esta nueva exigencia añade «otra carga más».

El Partido Popular defiende, según Prieto, la dignificación del empleo del hogar, la mejora de su protección social y la profesionalización del sector, pero insiste en que estos objetivos deben alcanzarse «con normas realistas y proporcionadas, adaptadas a la naturaleza familiar de esta relación laboral».

Con este planteamiento, el Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama, entre otras medidas, la prórroga durante al menos un año de la entrada en vigor de la normativa, el archivo de posibles expedientes sancionadores derivados de fallos de la plataforma, la modificación de las obligaciones actuales para ajustarlas al ámbito doméstico y la creación de un sistema simplificado, gratuito y también presencial para las familias. Asimismo, plantea la elaboración de una guía práctica de seguridad y salud consensuada con los agentes sociales y asociaciones del sector, y la adopción de medidas que fomenten la contratación regular sin penalizar a los hogares.