La Junta detecta irregularidades en la estación de autobuses pero archiva la denuncia de Facua Córdoba

Facua Córdoba ha criticado la decisión de la Junta de Andalucía de no sancionar a la empresa concesionaria de la estación de autobuses de Córdoba tras detectar irregularidades durante las inspecciones realizadas a raíz de una denuncia presentada por la asociación en octubre de 2025.

La organización había alertado del presunto incumplimiento de las condiciones recogidas en el contrato de concesión, especialmente por la ausencia de personal en la torre de control durante determinadas franjas horarias. Según Facua, el pliego de condiciones obliga a contar con personal cualificado en ese puesto durante un horario concreto.

Tras presentar la denuncia, la asociación solicitó en febrero de 2026 información a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda sobre las actuaciones llevadas a cabo. Las inspecciones no se realizaron hasta abril, una demora que Facua considera excesiva para un servicio público de estas características.

La resolución de la Junta reconoce que durante las inspecciones «no existía personal ubicado en la torre de control» en determinadas franjas horarias. Sin embargo, concluye que esta circunstancia no constituye un incumplimiento sancionable al entender que las funciones pueden desarrollarse mediante sistemas de videovigilancia, automatización y control remoto.

Sin sanción

Facua Córdoba sostiene que esta interpretación supone modificar de hecho las condiciones de prestación del servicio sin que exista una modificación formal del contrato de concesión. La asociación considera que la Administración está aceptando cambios sustanciales en la gestión de la estación sin exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones inicialmente previstas.

Según la organización, la ausencia de personal en la torre de control puede repercutir en la atención a los usuarios, la accesibilidad para personas con discapacidad visual, la coordinación de las dársenas y las condiciones de seguridad de una instalación que presenta problemas de visibilidad en determinados puntos.

Asimismo, Facua rechaza que la Junta haya fundamentado su decisión en la ausencia de incidencias graves detectadas durante las inspecciones. A su juicio, la cuestión de fondo no es si se produjeron problemas concretos, sino si la empresa adjudicataria cumple las obligaciones recogidas en el contrato público.

La asociación advierte de que la resolución transmite el mensaje de que una concesionaria puede dejar de prestar determinados servicios contemplados en los pliegos siempre que la Administración considere que el funcionamiento general de la instalación no se ve afectado.

Facua Córdoba ha anunciado que continuará vigilando la situación y estudiará nuevas actuaciones administrativas y jurídicas para exigir el cumplimiento íntegro de las condiciones de la concesión y la protección de los derechos de los usuarios del transporte público.