Los regantes se rebelan contra el canon de los embalses de La Breña II y Arenoso y amenazan con no pagarlo

Los agricultores del Sistema de Regulación General del Guadalquivir, representados en su gran mayoría por la asociación Feragua, han anunciado que no pagarán el nuevo canon de los embalses Breña II y Arenoso, que consideran excesivo y sin justificación. Según el presidente de Feragua José Manuel Cepeda, el coste propuesto es tan desproporcionado que «parece una broma de mal gusto».

El conflicto se debe a que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cobrar 17 millones de euros por el uso de estos embalses en 2025. Esto supone un precio de 0,25 euros por cada metro cúbico de agua, diez veces más que lo que pagan por otros embalses similares en la región. Además, denuncian que el canon se ha triplicado en los últimos diez años, sin que los costes reales hayan aumentado tanto.

Cepeda ha explicado que en 2015 el canon era de 18,86 euros por hectárea. Para 2025, se ha propuesto que sea de 51,50 euros, un incremento que los regantes consideran injustificable. «Nos están metiendo la mano en la cartera», ha añadido de manera coloquial.

Las principales quejas

Loa agricultores piensan que estos son costes desorbitados: denuncian que se les quiere cobrar un IVA del 21 por ciento , algo que consideran ilegal, ya que se trata de servicios prestados entre organismos públicos.

Por otra parte señalan que las infraesturcturas son ineficientes ya que, según Feragua, una estación de bombeo vinculada a estos embalses apenas trabaja al 10 por ciento de su capacidad, pero sus costes se repercuten íntegros en el canon.

La gestión se encarece y no precisamente porque el Gobierno defienda lo público, como repiten con su mantra argumentativo cada vez que tienen ocasión. Y es que, en lugar de gestionar los embalses directamente se ha delegado esta labor a una empresa estatal (ACUAES), que subcontrata el trabajo a otra compañía privada, lo que eleva los costes innecesariamente, como denuncian los regantes.

Feragua asegura que estos costes adicionales no solo son injustos, sino también insostenibles para los agricultores, que dependen del agua para sus cultivos. Si el Gobierno no rectifica, más de 50.000 agricultores que trabajan en 350.000 hectáreas podrían negarse a pagar el canon cuando llegue la factura el próximo año. ¿Qué consecuencias legales puede tener esto? «Que empiecen a embargar, porque tienen que hacerlo a todos los regantes de Andalucía», ha dicho con tono desafiante Cepeda, que también ha criticado que no se les haya dado una explicación clara sobre los aumentos de precio y que sus intentos de dialogar con el Ministerio de Medio Ambiente hayan sido ignorados durante meses.

Lo que solicitan los regantes

Entre las reclamaciones que Feragua ha puesto encima de la mesa están la eliminación el IVA aplicado al canon, ya que consideran que no corresponde en este caso.

Piden así mismo ajustar el coste de las estaciones de bombeo a su uso real y también ampliar el periodo de amortización de los embalses de 25 a 50 años, como ocurre con otras infraestructuras similares en España.