¿Qué convivencia?

¿En nombre de qué o de quién se atribuye Sánchez su decisión de amnistiar a los golpistas catalanes del 1 de octubre de 2017? ¿Qué reencuentro es ese que dice inspirar su decisión? ¿A que convivencia se refiere como base de su desafuero? ¿Que falta de consideración al buen sentido de la mayoría de los españoles es esa de premiar a los delincuentes y zaherir a los decentes? Que Sánchez es un felón, un desleal con la Constitución, un falso personaje que encanalla la decencia de los nobles ciudadanos, ha dejado de ser una hipótesis para devenir en una triste comedia que puede trasmutar a drama trágico si la cordura no termina imperando en la mayoría social que trabaja, se esfuerza y cumple sus obligaciones mientras observa perpleja el privilegio y la obsequiosidad con la que el sanchismo premia a los tramposos, a los insolidarios y a los que ni quieren trabajar ni han dado un palo al agua en su vida.

Es indecente, insultante y despreciable que se hable de recuperar la convivencia en Cataluña premiando para ello a quienes rompieron con actos delictivos esa convivencia que, además, se proponen repetir en cuanto haya la más mínima posibilidad. Es ofensivo que tamaño dislate sea aplaudido entusiasticamente por un rebaño de hinchas pastoreado por quien les garantiza con su felonia que seguirán pastando del presupuesto. Es la obscenidad de un partido, otrora de Estado, convertido en una panda de advenedizos, sin criterio, sin preparación y sin principios, cuyo único norte es una partida presupuestaria porque fuera hace mucho frío y no tienen donde retornar si el cargo que ostentan cambia de mano.

¿Qué convivencia es esa si todos sus socios, sin excepción, se niegan a asistir a un acto en el que la heredera a la Jefatura del Estado se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución que a todos nos obliga? ¿Cómo faltan al deber de representar al pueblo español en un acto de tan enorme trascendencia?. En el fondo subyace la realidad de ese conglomerado que apoya a Sánchez: que ninguno de ellos, ni siquiera varios miembros de su Gobierno, respetan la Constitución y son incapaces de entender lo que es una mínima consideración a las instituciones. Porque, mientras el pueblo español no modifique la forma de Estado, España es una monarquia parlamentaria y todos tenemos la obligación de respetarla, sobre todo quienes representan al conjunto de la ciudadanía. Si tan dignos son, les debiera dar vergüenza de cobrar de un Estado sin cumplir las obligaciones que le incumben. Posiblemente esté llegando la hora de que esa falta tenga la misma sanción que a todo empleado se le impone cuando no cumple con su deber: no cobrar por no asistir al trabajo. Porque si quieren cambiar de forma de Estado lo tienen muy fácil: que inicien el procedimiento de reforma constitucional en base a la iniciativa legislativa del artículo 87 de la Constitución y, si de verdad son tan demócratas, que acepten el resultado del proceso.

No cabe hablar de recuperar la convivencia cuando se premia a los responsables de haberla hecho saltar. Las primeras víctimas de esa ruptura convivencial fueron la mayoría de los catalanes que no son separatistas y que se sienten huérfanos ante un monopolio arrollador de todas las instituciones políticas y mediáticas catalanas, puestas al servicio de la minoría segregacionista. Y que padecen la permanente reivindicación de medios y dinero para ponerlas, no al servicio de la ciudadanía sino al de esas políticas sectarias y rupturistas.

Pero lo más indignante es que para recuperar esa convivencia se recurra a dar la razón a los delincuentes, a cuyo dictado, además, se ha ido modificando el Código penal. Es el mismo disparate que se produciría si, para acabar con las violaciones, se decidiera suprimir el delito de violacion. Así garantizaríamos la feliz convivencia entre violadores y violados, y los antiguos agresores camparían a sus anchas ciscándose en la honra y la dignidad de quienes habían sido sus víctimas. Es fácil de imaginar la petulancia, la displicencia y la chulería con la que se comportaría la pléyade de antiguos violadores. La misma jactancia con la que los redimidos golpistas miraran a tantas buenas personas, leales y cumplidoras de sus obligaciones, haciéndoles ver que los equivocados eran ellos y no los sediciosos.

Nos quedan aún episodios de amargura, deshonor y deslealtad porque el país está en manos de un aventurero sin escrúpulos, arropado por una cohorte de aficionados mezquinos que anteponen su incierto futuro al de una nación que se enfrenta al desafío sin tapujos de quienes quieren romperla. ¿Cómo puede pretender recuperar la convivencia quien se pone en manos de quienes no aceptan convivir, aunque sea en la discrepancia, tal como sus socios acreditaron con su ausencia en el acto de la jura en la sede de la soberanía nacional de la heredera a la Corona? ¿Hasta cuándo va a seguir jugando con la dignidad de los españoles quien es incapaz de mantener su palabra más allá del último cuarto de hora? ¿Creen los socialistas españoles, en especial los andaluces, que el respaldo a tamaño dislate va a favorecer aquello de que «no seremos menos que nadie» con el que embaucaron al pueblo andaluz durante cerca de cuarenta años? ¿Y donde está ese Partido Comunista, matriz de la actual Izquierda Unida, que en junio de 1956, en el exilio franquista, proclamaba que era «necesario acabar con el fanatismo, el sectarismo y la intolerancia en la vida y costumbres políticas españolas?.

Convivir es reconocer y respetar que otros piensen de manera distinta. La convivencia política es aquella que permite la pluralidad de opiniones, respetando las minoritarias pero siguiendo los criterios de la mayoría. Se da la paradoja que con Sánchez se está imponiendo el criterio de unas minorías, que además son sectarias y segregacionistas, porque apenas un seis por ciento de españoles, que para mayor indignidad no quieren serlo, le venden sus escuálidos escaños a cambio de garantizarle que seguirá siendo presidente del Gobierno. Mientras, quienes son españoles y se sienten orgullosos de serlo, han de soportar la continua afrenta de esas minorías que en otros países como Francia, Portugal o Alemania, ni siquiera podrían sentarse en la sede de la soberanía popular porque en dichos países son ilegales los partidos que propugnen la ruptura de la unidad nacional.

Esta es la convivencia de Sánchez: asegurar una falsa paz social a base de dar la razón a los que no están dispuestos a respetar el único texto que la garantiza. Y en ese texto no cabe ni la España Multinivel, ni la España Asimétrica ni la España Plurinacional: solo hay la España Constitucional, y quien quiera modificarla debe preguntar al conjunto de los españoles mediante un referéndum de reforma. No se puede convivir pacíficamente con quienes no respetan la norma fundamental que lo garantiza ni tienen la valentía de iniciar el procedimiento que permita cambiar las bases de la misma. Lo demás, Sánchez, no es buscar la convivencia sino rendirse al ventajismo por el plato de lentejas de conservar el sillón de la presidencia del Gobierno.