La DGT alerta sobre una estafa de una multa falsa, notificada por SMS
Facua Córdoba consigue que ING reintegre 930 euros a un jubilado estafado con una falsa multa de la DGT por SMS
La sentencia rechaza que hubiera negligencia grave por parte de la víctima y condena al banco a asumir también intereses y costas
Un juzgado de Córdoba ha condenado a ING a devolver 930 euros a un socio de Facua Córdoba que fue víctima de una estafa mediante un SMS que simulaba proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT). La sentencia obliga además a la entidad a abonar los intereses legales generados desde la fecha de los cargos fraudulentos y las costas procesales.
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Córdoba concluye que el afectado actuó con la diligencia exigible y rechaza la tesis defendida por el banco, que atribuía la pérdida económica a una supuesta negligencia grave del cliente. En la resolución, la magistrada recuerda que «la identificación de entornos no seguros no está al alcance de cualquier usuario» y considera que acceder al enlace enviado en el mensaje fraudulento no constituye una actuación gravemente negligente.
La sentencia también cuestiona que la entidad no detectara operaciones sospechosas realizadas en un corto espacio de tiempo y desde distintos países, aludiendo a cargos efectuados en establecimientos de Alemania e Irlanda.
Una estafa cada vez más frecuente
Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando Pedro Fernández, de 77 años, recibió en su teléfono móvil un SMS que aparentaba haber sido enviado por la DGT. El mensaje advertía de una supuesta multa de tráfico pendiente de pago e incluía un enlace para regularizar la situación.
Tras acceder a una página web que imitaba la imagen de Tráfico e introducir sus datos, comenzaron a realizarse cargos en su cuenta bancaria. En total se efectuaron catorce operaciones —una de 280 euros y trece de 50 euros— que sumaron 930 euros.
El afectado comunicó inmediatamente lo sucedido a ING y presentó la correspondiente denuncia policial. Sin embargo, el banco rechazó devolverle el dinero al entender que había facilitado voluntariamente sus datos a los estafadores. «En el banco me dijeron que no me reembolsaban el dinero porque era yo quien había dado mis datos a los estafadores», explica.
Respaldo jurídico de Facua
Ante la negativa de la entidad, Fernández acudió a Facua Córdoba, organización de la que es socio desde 2010. La asociación presentó una nueva reclamación ante el banco, que volvió a ser desestimada, por lo que finalmente el caso acabó en los tribunales con el respaldo jurídico de la organización de consumidores.
La sentencia, fechada el 29 de mayo de 2026, concluye que ING no logró acreditar ni una actuación fraudulenta por parte del cliente ni una conducta gravemente negligente que justificara trasladarle las pérdidas económicas derivadas de la estafa. La magistrada también valora que la víctima comunicara los hechos a la entidad el mismo día en que detectó las operaciones sospechosas.
Por todo ello, el juzgado condena a ING a reintegrar los 930 euros sustraídos, además de los intereses legales y las costas procesales.
Derecho a reclamar
Facua Córdoba recuerda que las víctimas de fraudes bancarios mediante técnicas como el phishing o el smishing pueden reclamar la devolución de las cantidades sustraídas cuando no exista una negligencia grave por su parte.
La asociación anima a los afectados por este tipo de estafas a denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reclamar ante su entidad financiera y solicitar asesoramiento especializado si el banco rechaza asumir la responsabilidad por las operaciones fraudulentas.
