Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo
Madrid Juzgan a un guardia civil que amenazó a un ciudadano exigiéndole 85.000 euros
El agente advirtió que desvelaría sus datos personales si no hacía el pago, por lo que Fiscalía pide un año de cárcel
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará la próxima semana a un agente de la Guardia Civil acusado de amenazar a un ciudadano con desvelar datos personales si no le entregaba 85.000 euros. El juicio comenzará el miércoles en la Sección Séptima de la audiencia madrileña, y la Fiscalía imputa al procesado un delito de amenazas por el que solicita que sea condenado a un año de prisión.
Los hechos habrían tenido lugar en 2020. Según el escrito de acusación, el agente era entonces cabo primero de la Guardia Civil en el SEPRONA. Por razón de su trabajo, tuvo conocimiento de datos personales del propietario de una finca en San Lorenzo de El Escorial, a quien amenazó con desvelarlos si no accedía al pago de 85.000 euros. La información estaba relacionada con el modo de adquisición de la propiedad y su titular anterior.
Con estos datos en su poder, el agente presuntamente telefoneó en varias ocasiones y con número oculto al propietario del inmueble, haciéndose pasar por una empresa de localización de patrimonios de herencias. El acusado exigió a la víctima el pago de la cantidad citada amenazándole incluso con desvelar sus infidelidades.
Poco después, en junio del mismo año, el acusado envió a la víctima una carta sin firma en la que le contaba que sabía de las gestiones que había efectuado sobre el patrimonio de una de sus clientas, fallecida en 2016 y de quien heredó la finca anterior. De este modo le amenazó con poner los hechos en conocimiento de la Hacienda Pública.
Tras permanecer en contacto, no llegaron a un acuerdo sobre la forma de entrega del dinero, por lo que el acusado envió en julio un escrito de denuncia a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid en el que ponía de manifiesto que la víctima era heredero único y universal de todos los bienes de la anterior dueña de la finca, advirtiendo de que iba a concluir el plazo para la prescripción del impuesto de sucesiones y donaciones.
El escrito, que también fue remitido en términos similares a los Ayuntamientos de Madrid y San Lorenzo del Escorial, estaba firmado por el cabo y por otro compañero, para no ser relacionado con las llamadas anteriores.
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