La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Comunidad de Madrid
«No hay indicios de delito»: así se archivó dos veces el caso del hermano de Ayuso que el PSOE se empeña en resucitar
Tanto la Fiscalía Anticorrupción española como la Fiscalía Europea concluyeron que no había indicios de la comisión de ningún delito en el contrato del hermano de la presidenta madrileña
El Gobierno, desatado contra Ayuso: intensifica sus ataques para tratar de tapar el caso PSOE
El PSOE ha adoptado una estrategia clara para intentar diluir el alcance del caso de corrupción que ha estallado en el seno de su Gobierno: equipararlo con el caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero... la lista de socialistas que se han apresurado a airear el caso mascarillas de Madrid con este fin es larga aunque, a pesar de sus incansables esfuerzos, todos ellos saben que el asunto quedó archivado. Dos veces.
Anticorrupción: 23 de junio de 2022
El 23 de junio de 2022 la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia que habían interpuesto los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid de PSOE, Más Madrid y Podemos sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso.
El decreto del archivo, que firmó el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, concluyó que no existían «indicios de la comisión de infracciones penales».
Las pesquisas practicadas, iniciadas en febrero de ese mismo año, no pusieron de relieve «elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el Servicio Madrileño de Salud o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet».
Además, de acuerdo con esa investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, tampoco constaba que el hermano de la presidenta «aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación, no era en absoluto necesario para presentar la oferta».
Sobre la facturación, el pago y el cobro de la comisión, el fiscal concluyó que el procedimiento había sido «transparente» y que tanto Tomás Díaz Ayuso como la empresa Priviet cumplían con «sus obligaciones tributarias».
Asimismo, el Ministerio Público valoró que las explicaciones sobre lo acontecido que ofreció Tomás Díaz Ayuso eran «coherentes». «Ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas, que viene fundamentada tanto por el material documental aportado por su representación como por los diferentes testigos que han declarado».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Una versión que, a juicio del fiscal, no quedó en ningún momento «ensombrecido» por las «hipótesis planteadas por los partidos denunciantes» y que tras las diligencias que se llevaron a cabo no superaron «el umbral de meras sospechas o conjeturas» que no permitieron avanzar, «si quiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria».
Respecto a la comisión que cobró en el contrato investigado Tomás Díaz Ayuso, el fiscal explicó que traía causa del trabajo realizado «consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados».
Sobre la intervención de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el contrato, la Fiscalía determinó que no constaba «intervención alguna» de la dirigente ni en el expediente revisado ni tampoco de la mediación de en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna.
Europea: 14 de marzo de 2023
Tras el archivo de la Fiscalía Anticorrupción llegó el archivo de la Fiscalía Europea el 14 de marzo de 2023. La EPPO, por sus siglas en inglés, archivó el caso tras una «exhaustiva investigación» tras la que no quedó acreditado que el precio abonado fuera desproporcionado «atendiendo a la calidad del material ofertado y entregado».
Según explicó la Fiscalía para dar cuenta de este archivo, tras asumir la investigación de este contrato adjudicado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de la Comunidad de Madrid para la compra de 250.000 mascarillas, los fiscales europeos tomaron diversas declaraciones, analizaron documentación y comprobaron la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas.
Tanto la Agencia Tributaria como el SERMAS y la Asociación Española de Certificación (AENOR) colaboraron con los investigadores que les requirieron información que fue analizada por un perito, quien también tuvo acceso a informes de la Guardia Civil.
La Fiscalía Europea también concluyó que no quedó acreditado que el precio hubiera sufrido un incremento «indebido derivado de la intervención personas ajenas a la empresa» y ratificó que quedó acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid.
Comentarios
