El ex consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty

El ex consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-LasquettyAsamblea de Madrid

Asamblea de Madrid

11 de noviembre de 2021: el día en el que Ayuso entregó a la Asamblea 5.210 contratos de emergencia para su fiscalización

Más de dos años después de la celebración de ese Pleno, el Gobierno de Sánchez quiere abrir una comisión de investigación para fiscalizar todos los contratos de emergencia del Ejecutivo y de las administraciones autonómicas

El 11 de noviembre de 2021 la Asamblea de Madrid celebró un debate monográfico sobre la utilización de la figura de la contratación de emergencia en la Comunidad de Madrid en el entorno de la crisis del covid. El entonces consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, hizo entrega a la presidencia de la Cámara autonómica de un total de 5.210 contratos de este tipo desde que estalló la pandemia hasta ese momento. «Y ahora me vuelven a contar lo de la falta de transparencia», sentenció ante los aplausos de la bancada popular.
Más de dos años después de la celebración de ese Pleno, el Gobierno de Pedro Sánchez, inmerso en el escándalo de corrupción del bautizado como caso Koldo, quiere abrir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para fiscalizar todos los contratos de emergencia del Ejecutivo y de las administraciones autonómicas. Un burdo intento de tratar de minimizar el caso destapado tras la detención de Koldo García, el que fuera número dos del exministro José Luis Ábalos, ahora defenestrado del PSOE.
Pero lo cierto es que, en el caso de Madrid, esos contratos ya han sido examinados hasta la extenuación. Prueba de ello es esa entrega, tanto en formato físico como digital, que hizo el consejero a la Cámara de Vallecas en 2021. Unos contratos que abarcaban desde la proclamación del estado de alarma en marzo de 2020 hasta el mes de octubre de 2021. Incluido el manido contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso, caso archivado por dos veces por la Fiscalía española y europea.
En concreto, 4.526 correspondían al 2020 por un montante de 966 millones de euros y otros 684 a 2021 (hasta octubre), por un valor de 143,8 millones de euros. «Todos ellos comunicados y todos ellos inscritos en el registro de contratos de la Comunidad de Madrid», tal y como proclamó el consejero, que especificó que la documentación aportada contenía 18 campos con «absolutamente toda la información».
Pocos meses después de la entrega de esa cantidad ingente de documentación contractual, en marzo de 2022, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid aprobaba el informe de fiscalización de esos contratos del Ejecutivo autonómico realizados por el procedimiento de emergencia durante la pandemia en el que concluía que «con carácter general la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación».
«Aquí ha habido luz y taquígrafos. Todos los contratos han sido fiscalizados. No vale ahora echar tinta de calamar para tratar de tapar las vergüenzas. Quien tiene que dar explicaciones en este caso es Sánchez», lanzaba este miércoles el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García.
Desde la Puerta del Sol insisten en que toda la contratación de Madrid ha sido inspeccionada y en que quien debe ahora dar las explicaciones pertinentes respecto a las contrataciones en pandemia de su Gobierno es Pedro Sánchez. Sin embargo, el socialista ha «activado el ventilador», en palabras de la propia Isabel Díaz Ayuso, para enfangar el terreno y poner en el punto de mira todas las contrataciones pandémicas de todas las administraciones para intentar así disimular el alcance y la gravedad del caso de corrupción que les atañe.
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