El PSOE pide que Almeida declare como testigo en la primera sesión del juicio contra Medina y Luceño

Este martes se ha celebrado en Audiencia Provincial de Madrid la primera sesión del juicio del conocido como 'caso mascarillas' en el que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño se enfrentan a 9 y 15 años de prisión, respectivamente, por, presuntamente, haber estafado al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante la pandemia del covid-19.

El abogado que representa al PSOE, que ejerce la acusación popular, ha solicitado durante esta primera sesión que declaren como testigos el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, para que detallen el alcance de la supuesta estafa de la que fue objeto el Ayuntamiento de Madrid en aquella época y en las que hubo cartas de recomendación a las autoridades malayas por parte del Consistorio y otra de agradecimiento a los procesados por la donación de más de 238.000 mascarillas a la ciudad de Madrid.

Sin embargo, el fiscal, al igual que la representación legal del Consistorio, que ejerce de acusación, se ha mostrado contrario a la testifical del alcalde porque se ha probado que no participó en las negociaciones y al considerar que en la carta en las que les avalaba no engañó a nadie, por lo que ha tachado la solicitud de «impertinente» al igual que la petición de comparecencia de Hidalgo.

Cabe recordar que ambos acusados van a ser juzgados por las comisiones millonarias que obtuvieron al inflar los precios de las mascarillas y guantes vendidos hasta el doble, lo que supuso un desembolso de unos once millones de euros por parte de las arcas públicas.

En las cuestiones previas, el abogado José Antonio Choclán, defensa de Luis Medina, ha detallado que se ha aportado escrito en el que se transcriben audios de conversaciones que datan de marzo de 2020 entre su cliente y la excoordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid Elena Collado.

Collado fue la funcionaria que intervino en la operación de compraventa del material, que se materializó en tres contratos de emergencias licitados por la empresa municipal Funeraria. En concreto, uno de los audios muestra cómo Medina indica a la alto cargo municipal cuál es el precio de fábrica de las mascarillas y guantes ofrecidos, que era dos euros.

Sobre esta cuestión, el fiscal se ha opuesto a la prueba al considerar que no hay garantías de su autenticidad y ha dicho que le parece «raro» que no se haya aportado hasta ayer por la tarde. Si se admite, solicita que Collado traiga copia de los mensajes para que se puedan cotejar.

En su turno, el letrado de Luceño ha solicitado a la Sala incorporar como prueba documental los audios y 'whatsapp' aportados la semana pasada que muestran las felicitaciones de la Alcaldía hacia su cliente y su socio en la operación, lo que a su juicio muestra que «el Ayuntamiento no se sentía en absoluto estafado».

De igual modo, ha pedido a la Sala que el empresario malayo San Chin Choon, el proveedor del material sanitario, declare en una sala habilitada en la Embajada de España en Malasia y se autentifique que se trata de esa persona, criticando que desde el Juzgado nunca se ha intentado que declare ese testigo.

Durante la instrucción, el empresario trasladó al juez su imposibilidad desplazarse a España por motivos labores. El fiscal ha defendido al respecto que se hizo todo lo posible para que compareciera por el caso en España.

De igual modo, el letrado de Luceño ha impugnado por nulo e «ilegal» el auto por el que el juez Adolfo Carretero autorizó la entrada y registro de la vivienda de su patrocinado, en septiembre de 2022. La diligencia se enmarcaba en una pieza separada abierta para intervenir las comunicaciones del empresario.

«Se lo llevaron todo. Se hizo un 'totum revolutum'. Nosotros consideramos que es nulo al ser prospectivo», ha subrayado el letrado, quien cree que se lesionaron varios derechos fundamentales de su cliente. «La causa ha sido una causa general y desproporcionada. Esta causa debería ser declarada nula de toda nulidad», ha espetado.

También ha recalcado a la Sala que hay partes personadas en el procedimiento que están actuando con mala fe y que deberían ser expulsadas del procedimiento en relación a un informe del Tribunal de Cuentas. «No entiendo como la Fiscalía y el Ayuntamiento de Madrid dicen que no hay lesión para el erario público y aquí dicen que sí», ha reprochado.

Por su parte, el fiscal ha presentado un informe sobre el volcado de los mensajes aportados el pasado lunes a la Sala en relación a las mencionadas conversaciones al detectarse que se han podido omitir trozos en relación al pago de comisiones. Por ello, ha solicitado la reproducción íntegra de todos los mensajes cuando se interrogue a los encausados.