El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños,

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix BolañosEuropa Press

Comunidad de Madrid

Madrid consuma un nuevo frente judicial con Sánchez: formaliza la demanda en el Supremo contra la ley Bolaños

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha formalizado este martes la demanda del recurso contencioso administrativo contra la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como 'ley Bolaños'. Una demanda que desde la Puerta del Sol justifican con la «falta de medidas para conocer los costes de la implementación de la ley de cara a solicitar las compensaciones que procedan».

Según han recordado desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo autonómico, el recurso se presentó el pasado 16 de mayo y, una vez ha sido admitido, este martes se ha formalizado la demanda ante el Alto Tribunal.

«El Gobierno central no ha evaluado el coste real de la aplicación de esta Ley, tal y como exigía el Gobierno autonómico, ni tampoco ha dotado a las comunidades autónomas de la financiación necesaria para llevarla a cabo. De acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica el Estado está obligado, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas», argumentan desde el departamento comandado por el consejero y número dos del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

La formalización de esta demanda coincide con la entrada en vigor en el día de hoy de la primera fase de implementación de la ley por la cual , se constituyen Tribunales de Instancia en 14 de los 21 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid. Además, este martes también se constituyen 126 Oficinas de Justicia en los municipios (de los 158 Juzgados de Paz que tiene la Comunidad de Madrid).

El también portavoz gubernamental ha lamentado este martes la puesta en marcha de esta «mal llamada» Ley de Eficiencia que, ha asegurado, «se ha hecho sin contar con el poder judicial ni con las comunidades autónomas».

Esta Ley, a su juicio, nace «sin la financiación necesaria para ponerla en marcha y sin el tiempo suficiente para implartarla con éxito». Sin embargo, el consejero ha recalcado que la Comunidad de Madrid es una administración «responsable»: «No somos insumisos de la Ley y, por eso, hoy ya son una realidad en nuestra región los primeros 14 nuevos tribunales de instancia y 126 oficinas de Justicia en el municipio, lo que antes se denominaban juzgados de paz».

Por otro lado, García Martín ha remarcado que presentan la demanda del recurso contencioso-administrativo contra la Ley de Eficiencia por «la falta de medidas para su implantación» y ha exigido al Gobierno central que evalúe los costes reales y posibilite los instrumentos necesarios para resarcir económicamente a las comunidades autónomas. Según los cálculos de la Comunidad de Madrid, 43 millones de euros solo el primer año de implantación.

«Nuestro objetivo no es otro que dotar de medios a la Justicia y respetar su independencia. Ojalá que el Gobierno de Sánchez y Bolaños tuvieran tan claro este mismo objetivo», ha sostenido.

De ser así, el consejero ha incidido en que España se hubiera ahorrado «una huelga de 3 días de jueces y fiscales, que hoy empieza por el intento del Gobierno de meter las manos en la Justicia, modificando el acceso a la carrera judicial para orillar los principios de mérito y capacidad y modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto del Ministerio Fiscal para dar un poder casi absoluto al fiscal general del Estado y otorgar la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía».

Y más, como ha dicho el consejero, en un contexto como el actual que hay un fiscal general del Estado «a punto de sentarse en el banquillo de los acusados», algo que no les puede «preocupar más».

«El poder judicial está en el radar del Gobierno de Pedro Sánchez porque está investigando los casos de corrupción que afectan a su gobierno, su partido y su entorno más cercano. Hoy el Sanchismo, no lo olvidemos, está en prisión preventiva de la mano del muñidor de los pactos con independentistas que sujetan a Sánchez en la Moncloa», ha lanzado.

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