Concentración ante el Supremo por la independencia judicial y contra las reformas del Gobierno
Crisis institucional
Jueces y fiscales se dan cita ante el Supremo para defender la separación de poderes que fulmina la ley Bolaños
«Por la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho», es el lema de la concentración convocada, este sábado, a las 12:30 horas, por cinco de las principales asociaciones profesionales
Una concentración «abierta a todos los operadores jurídicos» y a la «ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una Justicia independiente y al servicio del interés general», frente a los planes del Gobierno que, a través de una doble reforma normativa que se ha dado en conocer como ley Bolaños, aspira a «colonizar la Magistratura desde la base» y a acentuar «el poder omnímodo del fiscal general del Estado» nombrado y dependiente del Ejecutivo de turno.
La madrileña sede del Tribunal Supremo, situada en la Plaza de la Villa de París, acogerá, este sábado a partir de las 12:30 horas, la protesta convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de la Magistratura (APIF) en unidad de acción.
Además, se han adherido y estarán presentes las entidades firmantes del 'Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho', entre las que se encuentran los Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital), la Asociación Profesional de Interventores y Auditores del Estado, la asociación de notarios Chartae, la Confederación Española de Policía (CEP), la Investigación Aduanera y Fiscal (IAF) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Una cita a la que se han sumado todos los jueces y fiscales no asociados de la plataforma 'Las mil y una togas', con más de 2.000 firmantes, y operadores jurídicos de toda España, la nueva asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho o Jucil, agrupación mayoritaria de la Guardia Civil.
Es decir, todas las entidades jurídicas, excepto las dos más afines al actual Gobierno, que sí se manifestaron, en cambio, contra varias reformas planteadas durante legislaturas del Partido Popular, han acordado unirse para protestar contra el proyecto reformista impulsado por el Consejo de Ministros que busca modificar el sistema de acceso a ambas carreras, sin oposición, tumbando los requisitos de «igualdad, mérito y capacidad».
«Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración», apuntaron los representantes de la Magistratura y el Ministerio Público cuando comunicaron la fecha de la protesta de hoy.
También, entonces, criticaron la redacción del anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía: «Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo», señalaron. Un escenario que «incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción» que salpican al Gobierno y al PSOE, en este momento.
El paso previo a la huelga nacional
Ya el pasado 11 de junio, cuando las mismas entidades que hoy han llamado a apoyar su causa, realizaron un paro de 10 minutos frente a las sedes judiciales de todo el país, exigieron la retirada de las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Tras aquel primer ensayo y una vez consultadas sus bases, internamente, con más del 80% de apoyos entre sus miembros, las cinco asociaciones profesionales se mostraron a favor de cumplir con sus advertencias de ir a huelga si Bolaños se mantenía «tajante» en sus planes de fulminar la separación de poderes e interferir en el Judicial.
No en vano, tras asumir el lawfare previo al pacto de la amnistía con los separatistas, han sido múltiples y reiteradas las descalificaciones vertidas por ministros, diputados y políticos contra los jueces. En especial, contra algunos jueces concretos que, como Juan Carlos Peinado o Beatriz Biedma, dirigen los procedimientos penales contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; y, el hermano del presidente, David Sánchez, respectivamente.
En un comunicado dirigido a ambas carreras, las asociaciones explican que han elegido el Supremo por tratarse de un «emplazamiento profundamente simbólico e institucional». «Es el lugar donde los opositores culminan su camino de acceso al servicio público, tras años de esfuerzo sustentado en los principios de mérito, capacidad e igualdad», subrayan.
Por todo ello, jueces y fiscales, han insistido en la importancia de apoyar «una manifestación cívica destinada a visibilizar el papel esencial del Poder Judicial en la garantía de los derechos fundamentales y la independencia judicial» que operan en democracia.
Los convocantes, que tras la concentración leerán un manifiesto conjunto, aclaran que su invitación «está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con la Justicia», aunque subrayan que «se desarrollará en un marco estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción partidista» y ante la sede del Alto Tribunal, máximo exponente del Poder Judicial en España.
