Los bomberos forestales de Madrid interrumpen su huelga y convocan una «reunión a tres» con Madrid, Tragsa y Hacienda

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid han anunciado que interrumpirán su huelga —iniciada el 15 de julio— hasta el próximo 25 de agosto por la «devastadora situación que está sufriendo el país y la propia Comunidad de Madrid».

Durante este paro de 10 días otorgan «oportunidad a sentarse a negociar a los diferentes interlocutores del acuerdo» pese a haber pedido «innumerables reuniones tanto a la Administración autonómica como a la central de la que dependemos, no nos han recibido ni ayudado a resolver nuestro problema», exponían representantes de los sindicatos Firet, UGT y CGT.

Así, convocaba el próximo lunes 18 de agosto a las 18:30 «al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso y a su consejero Carlos Novillo a una reunión a tres, junto con la empresa pública Tragsa y el Ministerio de Hacienda». De no conseguir un acuerdo antes del 25 de agosto, se retomará la huelga.

Tragsa afirma «no estar legitimada» para negociar

La empresa pública Tragsa, adjudicataria del servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, asegura que «no está legitimada» para negociar un nuevo convenio colectivo para este personal.

Así lo expresaba el grupo en otro escrito después de que los sindicatos convocaran la huelga para reivindicar mejoras salariales y de salud laboral, así un nuevo convenio, ya que el firmado en 2008 ha caducado y su no renovación ha causado pérdidas salariales que los propios sindicatos cifran en un 35 % desde entonces.

Estos reprochan tanto a Tragsa como a la Comunidad de Madrid que no hayan abierto una mesa de negociación para resolver sus demandas y piden una reunión tripartita con la empresa y el Gobierno regional.

Como empresa pública, el Grupo Tragsa menciona que «está sujeto a las normas que afectan al sector público». El personal de prevención y extinción de incendios forestales de Madrid «tiene un convenio colectivo sectorial de la propia comunidad autónoma, que se negoció con la parte legitimada para ello», y en el cual se contempla la subrogación del personal.

Por lo tanto, afirma que como empresa pública «no está legitimada para negociar un convenio colectivo sectorial que, además de afectar a estos trabajadores, afecta a otros trabajadores de la Comunidad que tienen relación laboral con otras empresas distintas al Grupo Tragsa», asegura en un comunicado.

La Comunidad se defiende

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha recalcado que «considera justas las mejoras de las condiciones laborales y retributivas que solicitan las brigadas forestales», aunque ha destacado que «las competencias para negociar corresponden a Tragsa».

Además, el ejecutivo autonómico ha destacado que el pasado 17 de julio se reunió con los representantes de las brigadas forestales «para escuchar sus reclamaciones y explicarles la imposibilidad legal de negociar sus condiciones laborales».

La Comunidad continuó comentando que a los representantes «se les expuso el trabajo que se está llevando a cabo para el nuevo encargo a Tragsa, donde se incorporan mejoras como la continuidad de 12 meses de la plantilla que se contrate».

Ministros desaparecidos

«Tragsa es una empresa pública dependiente orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con un ministro, Luis Planas, desaparecido, y con dependencia económica de Hacienda de la también ausente (y sin presupuesto grles del estado) María Jesús Montero», dice la Comunidad a través de un escrito.

Finalmente, el Gobierno regional ha destacado que «condiciones económicas de las brigadas forestales en la región están por encima de las que tienen las BRIFF del propio Ministerio y de la mayoría de los dispositivos en España».

Tras la subrogación de este personal, Tragsa asegura haber «aplicado las tablas salariales que se renovaron en el marco del convenio colectivo sectorial en 2021», aplicando todas las subidas salariales fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los empleados y el resto de los casi 30.000 profesionales que forman parte de la empresa pública.

Respecto a la huelga de los bomberos forestales, el Grupo Tragsa ha apuntado que «respeta en cumplimiento de los derechos de todos los trabajadores», y asegura haber comunicado a los sindicatos reiteradamente que «deben reconducir la negociación del convenio a la parte legitimada para ello», concluye la empresa.