El Gobierno de Ayuso reconoce la existencia de «secuelas físicas y psíquicas» después de un aborto

«Existe literatura científica sobre las secuelas después de un aborto», afirma la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. La consejera —licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid— aludía a que estos evalúan no solo cuando se producen abortos provocados, sino los que se producen por causas naturales.

Dejando de un lado la denominación concreta —y haciendo hincapié en que no utiliza razones éticas, filosóficas, morales o religiosas— mencionaba que estas secuelas son «tanto físicas como psíquicas». «Cuando una mujer aborta, no es un trago fácil, nadie querría estar en esas circunstancias. Y hay posibles secuelas cuando se produce de forma espontánea o cuando decides interrumpir el embarazo», exponía, apostillando que con esto no pretende «estigmatizar a ninguna persona» ni decir que todas las mujeres lo sufren.

Matute el aborto como «un fracaso» cualquiera que fuera su motivación. «Si es por cuestiones que pone riesgo la vida de la paciente, es un drama; si es espontáneo, es un drama; y si es por un embarazo no deseado, es un drama», comentaba. En este sentido, hacía un llamamiento a la ministra de Sanidad, Mónica García, a «evitar» llegar al punto en el que una persona se plantee un aborto, sobre todo en los casos de embarazo no deseados, que constituyen el 63 % de los practicados en la región.

«No he oído hablar a la ministra de cómo evitarlos, tampoco de qué ayudas hay para la maternidad y la paternidad. Porque muchas mujeres, si ven que tienen ayudas para poder hacerse cargo del bebé —sin condicionarlas— ayudaría a considerar las variables y que pudieran decidir», agregaba la consejera. Así, insistía en que en la región se cumple la ley «escrupulosamente» y que dar información es «obligatorio». «Otra cosa es que no quiera leerla, pero se ofrece, la ley obliga a que se informe a esa paciente de lo que supone», agregaba.

Respetar el juramento hipocrático

De la misma forma, aludía al «señalamiento» de los profesionales al que induce la lista de objetores de conciencia —que ha calificado como «inútil»— para practicar el aborto o la eutanasia. Como médico, Matute aludía al juramento hipocrático, el código deontológico «y un montón de legislación más» que protege a los «profesionales sanitarios y no sanitarios» a cumplir con su derecho de objeción de conciencia.

«Vamos a cumplir la ley, pero sin que toquen un milímetro el derecho de mis profesionales sanitarios», reiteraba Matute. Más de 20.000 mujeres —relataba— acudieron a la región desde diferentes puntos de la geografía española para abortar, concretando que 2.600 procedían de Castilla-La Mancha. «¿Por qué se plantean estas cosas? ¿A quién beneficia (la lista de objetores)? Me parece punitivo», sentenciaba.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, por boca del alcalde José Luis Martínez-Almeida, reiteraba que no obligarán a las mujeres a recibir información del síndrome posaborto, aunque sí estará disponible para todas aquellas que lo pidan. «Es un planteamiento sólido, de sentido común. En esa línea, lo que vamos a hacer es ni comprar el argumentario de Vox ni el de Pedro Sánchez», declaraba el regidor.