Madrid exigirá a Sánchez que dé a conocer los detalles de los beneficios penitenciarios a etarras: «Son indultos encubiertos»

Algunos haciendo más ruido que otros, pero todos, poco a poco, saliendo total o parcialmente de las cárceles del País Vasco. Esa es la situación de los asesinos etarras hoy en día gracias a que Pedro Sánchez necesita los votos de Bildu para permanecer en el Palacio de La Moncloa. Aquello de «presos por presupuestos» que dijo Arnaldo Otegui.

En este contexto, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid va a exigir a Sánchez poner negro sobre blanco sobre la situación exacta en la que se encuentran los presos de la banda terrorista ETA. Lo va a hacer a través de una Proposición No de Ley que se debatirá en el Pleno de la Cámara autonómica de la próxima semana y que saldrá seguro adelante porque los populares cuentan con mayoría absoluta. Además, cabe prever que Vox también apoyará la iniciativa.

La exposición de motivos del texto recoge que, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, 112 de los 119 presos de ETA han recibido beneficios penitenciarios desde que el Gobierno de Sánchez concedió al Ejecutivo Vasco la gestión penitenciaria en 2021. Sin embargo, el Gobierno central se ha negado a facilitar el número y la identidad de los beneficiados por las vías excepcionales.

Por ello, la propuesta exige al Ejecutivo dar a conocer el número exacto de etarras que hayan sido clasificados en tercer grado penitenciario, así como el número de internos a los que se les ha aplicado el régimen de flexibilización previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Cabe recordar que el uso recurrente del artículo 100.2 con presos de ETA –concebido legalmente como una vía excepcional–se ha transformado, en la práctica, en un atajo hacia la semilibertad, erosionando el principio de proporcionalidad y debilitando la credibilidad del sistema penitenciario. «Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona su espíritu», denuncia Covite, que habla abiertamente de beneficios «fraudulentos».

Además, la propuesta también pide que se publique el número de permisos ordinarios y extraordinarios concedidos al amparo de los artículos 154 y siguientes del Reglamento Penitenciario.

Los populares piden, asimismo, que se acredite si los etarras perceptores de beneficios penitenciarios han cumplido con los requisitos del 72.6 de la LOGP, esto es, la acreditación de un abandono efectivo del terrorismo, acompañado de una colaboración real y activa con las autoridades, manifestada mediante el repudio expreso de la violencia, la petición de perdón a las víctimas y la constatación técnica de la desvinculación del entorno terrorista.

Garantizar la correcta aplicación del marco jurídico estatal en materia penitenciaria; proporcionar a la Fiscalía y a los órganos de vigilancia penitenciaria los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas en esta materia y promover reformas legislativas que impidan la utilización de instrumentos excepcionales como indultos encubiertos y aseguren que la ejecución de las penas se rija exclusivamente por criterios legales, técnicos y objetivos, son el resto de las reivindicaciones al Gobierno incluidas en esta PNL.

Para el Partido Popular esta política penitenciaria hacia los más viles asesinos que hay en España viene motivada única y exclusivamente por razones de «oportunidad política, en un inadmisible y amoral intercambio de votos por beneficios carcelarios para los terroristas», y tachan de «inadmisible» la ausencia de transparencia en la gestión de esas decisiones penitenciarias, caracterizada por «la ocultación de información clave sobre la concesión de terceros grados, permisos y regímenes de semilibertad».