Acercar, transferir y soltar etarras: el plan del Gobierno del que FAES advirtió hace cuatro años

Lo que hoy indigna a las asociaciones de víctimas del terrorismo ya estaba escrito hace casi cuatro años. En abril de 2022, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) dejó por escrito que el acercamiento de presos de ETA, el fin de la dispersión y la cesión de las competencias penitenciarias al País Vasco no respondían a una política penitenciaria neutra, sino a un acuerdo político con el entorno abertzale que tenía como objetivo facilitar la salida progresiva de los presos etarras sin arrepentimiento ni colaboración con la justicia.

Aquel diagnóstico, recogido en el documento Gobierno de Sánchez: del deterioro institucional como una de las bellas artes, cobra ahora plena actualidad tras la cascada de progresiones de grado, regímenes de semilibertad y excarcelaciones que se están produciendo bajo la gestión del Gobierno vasco, una vez culminada la transferencia de prisiones.

A su vez, FAES recordaba entonces que el propio Arnaldo Otegi verbalizó el trueque de apoyo parlamentario a los Presupuestos Generales del Estado a cambio de la salida de «nuestros presos». La hoja de ruta era la siguiente: primero se acabaría con la dispersión, después se transferirían las competencias y, finalmente, se normalizaría la excarcelación de los presos de ETA al margen de los requisitos legales que exigen arrepentimiento, petición de perdón y colaboración con la justicia.

Todo comenzó cuando el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decretó el fin de la dispersión y autorizó acercamientos semanales pactados con el entorno abertzale. Posteriormente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez culminó una reivindicación histórica del nacionalismo vasco, con la cesión de la política penitenciaria al Gobierno autonómico.

Todo eso provoca que, cuatro años después, el escenario que FAES anticipó se ha materializado. Las progresiones de grado y las situaciones de semilibertad se conceden de forma generalizada, sin exigencias reales de arrepentimiento, sin colaboración efectiva con la justicia y sin reconocimiento del daño causado. Todo ello, denuncia la fundación, se hace conforme a un «plan» que está en la ley, pero no en el espíritu de la ley.