La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, en una imagen de archivo
Presos de ETA
La discutida interpretación del Reglamento Penitenciario que permite al Gobierno vasco flexibilizar condenas de etarras
La utilización del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, empleado por el Gobierno vasco para aplicarle un régimen de semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, exjefe militar de ETA, ha vuelto a poner en la primera línea mediática la interpretación que la administración autonómica hace del Reglamento Peniteciario y los márgenes que la ley deja a la política y la ética.
Por si fuese poco, apenas unos días después de que Txeroki accediese a ese régimen de semilibertad, que le permite abandonar el centro penitenciario de lunes a viernes con la condición de tener que regresar para pernoctar, también se le concedió un tercer grado penitenciario al etarra Asier Arzalluz Goñi, quien está condenado por varios asesinatos, entre ellos el del periodista del diario El Mundo José Luis López de Lacalle.
Así que, llegados a este punto, la pregunta que muchas personas se hacen es si estas decisiones del Gobierno vasco se apoyan en instrumentos previstos en la normativa penitenciaria. Aquí cabe diferenciar el tercer grado, una figura clásica orientada a la reinserción social de los internos que presentan una evolución favorable –lo que genera otro punto de debate– y el uso del artículo 100.2 del Reglamento, que permite diseñar un régimen individualizado que combina elementos del segundo y tercer grado.
En este último caso, la ley no prohíbe su aplicación en los delitos de terrorismo, pero sí exige una valoración rigurosa con factores como el arrepentimiento, la desvinculación de la organización criminal y el pronóstico de reinserción. Algo donde chocan frontalmente con las asociaciones de víctimas, que denuncian que ni ha habido arrepentimiento ni tampoco una completa desvinculación de ETA.
Desde el Gobierno del País Vasco, la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, insiste en que se respeta «escrupulosamente» la legalidad en lo que se refiere a la concesión de la progresión de grado, aunque no despeja las dudas que provocan el hecho de que la responsable al frente del Departamento de Justicia del Gobierno vasco sea la socialista María Jesús San José, con un historial en su haber de beneficiar a presos de ETA.
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena
Unas dudas que también comparte la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo coordinador de vigilancia, Carlos García Berro, ha pedido tiempo para evaluar la concesión del tercer grado al etarra Asier Arzalluz, reconociendo que la evolución en el tratamiento penitenciario debe tener «consistencia temporal» y ser «fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente».
Las asociaciones de víctimas del terrorismo, como Covite –Colectivo de Víctimas del Terrorismo– y AVT –Asociación de Víctimas del Terrorismo–, también cuestionan el procedimiento, afirmando que la ley no obliga a conceder los beneficios penitenciarios, sino que simplemente faculta a la administración para hacerlo si concurren determinados requisitos, entre ellos un arrepentimiento real y verificable que, denuncian, los excarcelados no han mostrado.
Igual que ahorra recurriendo el tercer grado a Asier Arzalluz, la Audiencia Nacional ya ha revocado en los últimos años varios terceros grados y regímenes de semilibertad concedidos a presos etarras, considerándolos prematuras o no suficientemente acreditados.
Fuentes jurídicas consultadas por El Debate subrayan que el ordenamiento también ofrece alternativas intermedias, como mantener el segundo grado, conceder permisos ordinarios puntuales o condicionar cualquier flexibilización a la concurrencia de indicadores objetivos de reinserción, especialmente en delitos de terrorismo. La ley, subrayan, permite tanto avanzar como frenar en la progresión de grado sin que ello suponga una vulneración de derechos fundamentales.
Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias, en octubre de 2021, se han concedido 114 terceros grados a presos etarras. De ellos, 94 corresponden a resoluciones iniciales y otros 20 a terceros grados reiterados tras haber sido revocados previamente por la Audiencia Nacional. Además, desde junio de 2024, cuando María Jesús San José asumió la Consejería de Justicia y Derechos Humanos, se han firmado 34 terceros grados. Haciendo uso de una ley que, como denuncian múltiples asociaciones, no obliga, solo faculta. Una cuestión jurídica que esconde detrás una maraña de intereses políticos y cuestiones éticas.
