El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, a su salida de la prisión de Martutene, en San Sebastiá
Las víctimas de ETA, ante la semilibertad de Txeroki: «El derecho a la Justicia está siendo atropellado»
El año en el que se cumpen quince inviernos sin la banda terrorista ETA como organización activa, su nombre está volviendo a salir a la palestra. Las recientes concesiones de beneficios penitenciarios a antiguos miembros de la banda han intensificado el malestar entre las asociaciones de víctimas del terrorismo, que alertan de una «aceleración» en la salida de prisión de condenados por delitos de extrema gravedad y denuncian una sensación creciente de «impotencia» y vulneración del derecho a la Justicia.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) sostiene, en conversación con El Debate, que las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno vasco –entre ellas una semilibertad para Txeroki, exjefe militar de ETA– confirman una tendencia que, a su juicio, se viene consolidando desde que el País Vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021. «El derecho a la Justicia está siendo atropellado», señalan desde el colectivo, que advierte de que probablemente se producirán nuevas excarcelaciones en los próximos meses.
Las críticas de Covite se producen tras unos días donde ha tenido lugar la salida de Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, quien ha accedido a un régimen de semilibertad mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, y también el reciente tercer grado concedido a Asier Arzalluz Goñi, condenado por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle.
«No hay arrepentimiento real»
Uno de los ejes centrales de la denuncia de las víctimas es, según Covite, el modo en que se está interpretando el requisito legal del arrepentimiento. La asociación sostiene que, en distintos expedientes, este requisito se estaría dando por cumplido mediante manifestaciones genéricas o escritos presentados por los internos, que no implican una asunción real de responsabilidad ni una desvinculación efectiva del entorno de la izquierda abertzale.
En el caso de Arzalluz, las asociaciones recuerdan que la Audiencia Nacional subrayó en su sentencia de 2024 la ausencia de arrepentimiento y que, pese a ello, el tercer grado se ha concedido tras la valoración de nueva documentación incorporada al expediente penitenciario.
Por si fuese poco, las asociaciones de víctimas apoyan sus denuncias en cifras, como que, por ejemplo, según los datos del Observatorio Penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias se han concedido 114 terceros grados a presos etarras. De ellos, 94 corresponden a resoluciones iniciales y otros 20 a terceros grados reiterados tras haber sido revocados previamente por la Audiencia Nacional. Desde junio de 2024, cuando la socialista María Jesús San José asumió la Consejería de Justicia y Derechos Humanos, se han firmado 34 terceros grados, lo que, según la AVT, equivale a una media aproximada de uno cada once días laborables.
María Jesús San José, en una imagen de archivo
Entre los beneficiados figuran condenados por algunos de los atentados más graves cometidos por ETA, incluidos los asesinatos del dirigente socialista Fernando Buesa o ataques contra periodistas, como el intento de asesinato de Aurora Intxausti y Juan Palomo, lo que ha llevado a las víctimas a volver la vista atrás hasta octubre de 2021, cuando el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó públicamente que su formación tenía como prioridad la situación de los alrededor de 200 presos de ETA que permanecían entonces en prisión, en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez.
