La secretaria de Zapatero afronta con «tranquilidad absoluta» su mención en el caso Plus Ultra

Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la que el juez del caso Plus Ultra otorga un papel relevante en la presunta red de tráfico de influencias, afronta la situación con «tranquilidad absoluta», según ha explicado su hermana Antonia, alcaldesa de Velilla de San Antonio (Madrid), quien subraya que su familiar no está investigada.

Antonia Alcázar se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusada, junto a otros tras procesados, de presunta prevaricación urbanística y medioambiental por no adoptar ninguna medida tras numerosas denuncias de los vecinos por el ruido y molestias de un local de la localidad.

Alcázar, que fue absuelta hace unos años de otra acusación de prevaricación, es la hermana de María Gertrudis, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a quien el juez que investiga el caso Plus Ultra otorga un «papel operativo esencial» en la presunta red de tráfico de influencias en la que ubica al exlíder socialista.

Al entrar a la sede judicial, la alcaldesa ha defendido su inocencia de cara al juicio y ha contestado «muy tranquila» a dos preguntas simultáneas sobre este proceso, ya que es inocente, y sobre su hermana.

A la salida la prensa le ha preguntado sobre cómo afronta su hermana la situación relacionada con el caso Plus Ultra y ella ha contestado: «No es investigada ni imputada a día de hoy. Con tranquilidad absoluta».

La Audiencia Provincial ha comenzado este miércoles el juicio a Antonia Alcázar, al concejal de Vivienda de Velilla, Joaquín Panadero, a una exedil de Medio Ambiente y a un técnico de Urbanismo como acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental.

El fiscal pide para ellos 3 años de prisión e inhabilitación para cargo público con funciones urbanísticas y ambientales durante 12 años.

En su escrito, el ministerio público sostiene que los acusados «omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos» al desoír sus «numerosas denuncias y quejas» por el funcionamiento de un establecimiento de hostelería de la localidad.

Este miércoles han declarado varios testigos, entre ellos el secretario del Ayuntamiento, que ha dicho que cada área resuelve los procedimientos sancionadores que el competen y que no podía concretar por qué no se tramitarían o concluirían algunos de los que se investigan.

Un técnico municipal ha dicho que el establecimiento disponía de licencia y que realizó dos visitas de control en 2025 a raíz de las quejas vecinales, mientras que el arquitecto municipal ha explicado que actualmente hay dos expedientes sancionadores abiertos contra el local.

Un policía municipal ha explicado que los agentes recibieron muchas quejas de vecinos y acabaron levantado varias actas ante «molestias evidentes».

Por su parte, los propietarios del local y trabajadores han afirmado que se tomaron medidas una vez que tuvieron constancia de quejas por ruidos y por incumplimientos de horarios, y el empleado responsable del recinto ha asegurado que, en contra de lo que aseguran los vecinos, no se permitía tirar petardos y se restringió el uso del patio.

El juicio continuará mañana jueves con la declaración de vecinos y de los acusados.