10 de marzo de 2022, el día que el PP de Ayuso llevó a la Fiscalía el caso que ha terminado con la condena a Ábalos

l 10 de marzo de 2022, hace ya más de cuatro años, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en el Pleno de la Asamblea que el Partido Popular de Madrid iba a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción 12 contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia a siete empresas relacionadas con el PSOE.

Dicho y hecho. Apenas unas horas después, ese mismo día, el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, posaba en la puerta de la Fiscalía Anticorrupción con la denuncia en sus manos.

Una fotografía de la que dejó constancia en sus redes sociales, con las siguientes palabras: «Cumplimos. Denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. Ahora veremos si la Justicia es igual para todos o si el Gobierno usa la Fiscalía para perseguir a los adversarios. 326 millones de euros, 7 empresas, 12 contratos plagados de irregularidades del Gobierno de España».

Y es que esta denuncia se presentó como respuesta a la presentada poco antes por Más Madrid y el PSOE para que el Ministerio Público investigara el contrato de emergencia vinculado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la jefa del Ejecutivo autonómico. La Fiscalía apenas tardó cuatro días en abrir diligencias de investigación, a pesar de reconocer que los hechos denunciados carecían de «indicios razonablemente verosímiles».

De hecho, poco después, en junio de ese mismo año, las diligencias fueron archivadas y el caso quedó en nada, pese a la feroz campaña de la izquierda durante meses.

En cambio, de la denuncia presentada por el PP de Madrid prosperó la parte relacionada con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que recibió, a través de tres contratos de emergencia, más de 40 millones del erario público por el suministro de material sanitario.

Esta compañía, sin embargo, «ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez», según se desprendía de la denuncia. Por ello, «no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China , para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado».

Los populares también se mostraron sorprendidos, tal y como dejaron constancia en la denuncia, porque el importe de la cifra de negocio de esta empresa fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020 «como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas por el covid-19».

Unas sospechas del PP que se han traducido, 1.565 días después, en una condena del Tribunal Supremo por unanimidad y sin precedentes a un exministro de un presidente del Gobierno en activo.

José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación y cohecho. Por su parte, el que fuera su mano derecha, Koldo García, ha sido condenado a 19 años de prisión por esos mismos delitos, mientras que el empresario de la trama, Víctor de Aldama, gracias a su colaboración con la Justicia, ha visto reducida su pena a cuatro años y medio y no tendrá que ingresar en prisión.