Alarma al sureste de Madrid por la multiplicación de asentamientos ilegales en terrenos agrícolas y olivares

Vecinos de la zona de la Vega de Chinchón, también conocida como la Vega de Tajuña, al sureste de la Comunidad de Madrid, han lanzado la voz de alarma por la proliferación de asentamientos ilegales en parcelas rústicas.

Aunque se trata de una problemática que se viene dando en la zona dese hace años, en los últimos dos meses un grupo de propietarios de viviendas, parcelas y terrenos en esta ubicación han percibido un incremento de estas prácticas ilegales y se han puesto manos a la obra para tratar de frenarlas.

En este sentido, según han explicado en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, han denunciado ante los diferentes ayuntamientos de la zona, la Guardia Civil y distintos organismos públicos una situación que tildan de «extremadamente grave» y que está afectando a «la convivencia, la seguridad, el medio ambiente y la protección del suelo rústico de la zona».

Estos vecinos han comprobado que en las últimas semanas varios propietarios han vendido parcelas agrícolas y olivares que están siendo divididas, valladas y comercializadas para fines residenciales, pese a tratarse de suelo rústico protegido y no urbanizable.

Así, denuncian haber observado movimientos de tierras, apertura de caminos, instalación de vallados, cerramientos y la eliminación de numerosos olivos centenarios para crear parcelas de menos tamaños destinadas, aparentemente, a nuevos asentamientos.

Los vecinos han sido testigos de una «actividad constante» en distintas parcelas agrícolas, incluyendo movimientos de maquinaria pesada, excavadoras y trabajos realizados incluso de madrugada.

Ahora mismo, sostienen, existe al menos una actuación urbanística que ha sido precintada por el Ayuntamiento de Chinchón. Una vez culmine el procedimiento administrativo abierto, podría desembocar en una orden de demolición si se confirma la ilegalidad de las actuaciones realizadas.

En este sentido, cabe recordar que recientemente la Comunidad de Madrid demolió dos edificaciones en Chinchón tras el incumplimiento reiterado de las resoluciones administrativas por parte de sus responsables.

En paralelo, el Ejecutivo autonómico ha abierto un expediente tras haber detectado en la misma zona una división ilegal del terreno en 25 subparcelas independientes, carentes de cualquier título habilitante. En la zona ya se han identificado movimientos de tierra, pozos de agua y anuncios de venta, lo que evidencia un proceso activo de comercialización y transformación de la superficie.

De consolidarse, supondría la creación de una urbanización residencial ilegal en suelo no urbanizable, protegido por su alta productividad agrícola, una situación incompatible con la legislación vigente

A través del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se han llevado a cabo 13 derribos en menos de un año. Tres de ellos, mediante ejecución subsidiaria, por parte de la Administración regional, y diez de manera voluntaria.

Además, se han realizado 173 inspecciones, incoado 66 expedientes de disciplina urbanística y 65 sancionadores, tramitado 83 requerimientos de información, 308 diligencias previas y 14 expedientes de ejecuciones subsidiarias.

Amenazas e intimidaciones

Tras comunicar a las autoridades correspondientes estos hechos, varios vecinos se han visto obligados a presentar denuncias individuales ante la Guardia Civil por amenazas e intimidaciones. Entre los episodios denunciados figuran insultos, amenazas verbales, comportamientos intimidatorios y advertencias dirigidas contra vecinos que han colaborado con las administraciones o han alertado sobre las posibles irregularidades detectadas.

Algunas de estas amenazas hacen referencia a expulsar a los vecinos de sus viviendas, ocupar propiedades, causar daños a las familias o tomar represalias contra quienes denuncian la situación. Así las cosas, los vecinos critican que toda esta situación está «afectando gravemente a la vida cotidiana de muchos residentes».

Estos vecinos, que ya han comenzado los trámites para constituir formalmente una asociación, señalan en el citado comunicado que su única reivindicación es que se cumpla la ley de igual manera para todos los ciudadanos.

Asimismo, solicitan que se agilicen los expedientes abiertos, que se aceleren las actuaciones pendientes de la Comunidad de Madrid, que se proteja el suelo rústico y agrícola afectado, que se investiguen las actuaciones denunciadas, que se garantice la seguridad de los vecinos y, en definitiva, que las administraciones competentes actúen antes de que la situación se consolide definitivamente y resulte imposible revertirla.