Una mujer embarazada mira la ecografía de su bebé
Comunidad de Madrid
La ley para proteger al bebé no nacido se abre paso en Madrid, donde se practican más de 18.000 abortos al año
La Asamblea de Madrid va a sacar este jueves adelante la Ley del concebido no nacido, impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en un Pleno extraordinario y en medio de críticas de la izquierda.
Esta normativa se va a aprobar fuera del periodo ordinario de sesiones después de que un escrito del PSOE lograra retirarla del orden del día del último Pleno, celebrado el pasado 18 de junio, por dudas respecto a su tramitación. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico no quería irse de vacaciones sin la aprobación definitiva de una de sus medidas estrella, por lo que convocó este Pleno extraordinario.
Se trata de una ley que «asimila al concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos».
Además, el propio texto de la ley reconoce que se trata de una medida «para el fomento de la natalidad», en una región donde en 2024, último año con cifras disponibles, se realizaron 18.149 abortos voluntarios. Una cifra que desde el Gobierno autonómico quieren reducir porque la consideran, en palabras de la propia Ayuso, «un fracaso como sociedad».
No obstante, desde el PSOE de Madrid consideran que la Ley del concebido no nacido «no responde a ningún problema real de a Comunidad de Madrid» y la tachan de iniciativa «ideológica» y «ultra». Además, el portavoz adjunto de los socialistas en la Cámara autonómica, Fernando Fernández Lara, aseguró ayer en rueda de prensa que su formación «no va a permitir que se de un paso atrás en los derechos de las mujeres», en referencia al aborto.
Por su parte, desde Más Madrid presentaron varias enmiendas para proteger derechos del «concebido sí nacido», que desde el Gobierno de la Puerta del Sol calificaron como «una burla». «Yo creo que se descalifican ellas solas. Hablan del concebido y nacido; no sé si existe algún nacido que pueda no haber sido concebido, hubo uno en el mundo y ya, que yo sepa. Pero que es una es una burla una vez más de Más Madrid que pone de manifiesto que no se toma en serio las iniciativas», manifestó el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, tras conocer las enmiendas de los de Manuela Bergerot.
Mientras tanto, Vox, que aún no ha revelado el sentido de su voto a la ley el próximo jueves -aunque esta saldrá adelante igualmente porque el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta-, también ha presentado una serie de enmiendas, encaminadas a aumentar la protección del 'nasciturus' y para vincular la nueva ley al concepto de «prioridad nacional».
En concreto, proponen cambiar la redacción del artículo uno para que se reconozca al concebido no nacido como una «realidad humana merecedora de protección específica desde el momento de la concepción hasta su muerte natural».
Además, los de Isabel Pérez Moñino también proponen que el acceso a ayudas económicas y a la categoría de familia numerosa a partir del tercer hijo no se limiten temporalmente hasta la semana 14 de gestación, sino que se reconozcan desde la acreditación médica del embarazo.
Por último, Vox pide añadir una disposición adicional por la que «en las convocatorias de ayudas, subvenciones, prestaciones económicas y programas de apoyo a la maternidad, natalidad y familia financiados por la Comunidad de Madrid, se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».
Así las cosas, esta ley que quedará mañana aprobada se va a convertir en la primera de su clase vigente en toda España, puesto que en Galicia existe una parecida, pero que está circunscrita solo a las familias numerosas, y permitirá a las familias desde que acrediten el embarazo a través de un informe médico, tener los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar, abono transportes o al alquiler joven.