Madrid contaba con no vender el ático a la primera y trata de zanjar la polémica con la publicación del expediente

La expectación era máxima. Un mes y medio después de que estallara la polémica por la compra de un ático en el número 35 del Paseo del General Martínez Campos por parte de una empresa pública de la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, comparecía ayer en la Asamblea para dar explicaciones.

Minutos antes de que tomara la palabra, se publicaba en el Portal de Contratación que la subasta del inmueble, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adquirió por 6,3 millones de euros, había quedado desierta. El Ejecutivo decidió ponerlo a la venta poco después de que la opinión pública conociera su adquisición el pasado mes de julio para, aseguraron, destinar lo recaudado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios.

Fuentes de la consejería de García, a la que está adscrita la empresa Planifica Madrid que se encargó de la compra, han aclarado que contaban con que el piso no se vendiera en esta primera subasta, puesto que ha quedado muy «señalado» tras toda la polémica. Sin embargo, el consejero avanzó ayer que volverá a salir a subasta por el mismo precio, casi 6,8 millones de euros, y que, tras los 30 días de rigor, se mantendrá a la venta de manera indefinida.

La alta exposición mediática que ha tenido en las últimas semanas creen que es el principal motivo por el que no se ha vendido hasta ahora, pero están convencidos de que acabará vendiéndose.

En paralelo a esta novedad, el consejero comparecía ayer para avanzar que el Portal de Transparencia iba a publicar todo el expediente relacionado con este inmueble y adelantaba que la documentación revelaba lo que el Gobierno ha venido manteniendo todo el tiempo, que el ático no se compró para que fuera la residencia oficial de la presidenta autonómica, tesis en la que la izquierda ha basado buena parte de sus críticas por esta operación.

Uno de esos documentos, que la Comunidad de Madrid subía al Portal de Transparencia pasadas las siete de la tarde de este jueves, es la memoria de necesidades de la consejería para el arrendamiento del inmueble, fechada el 2 de julio de 2026, es decir, semanas antes de que saltara a la palestra la noticia de la compra. En esta memoria consta que la Comunidad de Madrid quería «contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o a las propias autoridades de la Administración Regional».

Una necesidad que enmarcaba en «razones operativas, de seguridad y de representación institucional, entre otras». Además, como preámbulo, la Comunidad de Madrid señalaba que «en el contexto actual, es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico e incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales» y recordaba que sólo Madrid y otras tres comunidades no disponen de un recurso de estas características.

Con todo, el Ejecutivo decidió deshacerse de él de forma inminente tras el revuelo que generó la noticia de la compra, que avanzó El País el pasado julio, y que ha seguido coleteando hasta ahora. Con la publicación del expediente, compuesto por 224 páginas de informes y demás documentos que recogen toda la cronología de la adquisición del inmueble por Planifica Madrid, su puesta a disposición de la Comunidad de Madrid y su posterior puesta a la venta, el Gobierno busca zanjar el que se ha convertido en el tema estrella de la oposición para atacar a Isabel Díaz Ayuso.

Con todo, las explicaciones de ayer no convencieron a Más Madrid, PSOE y Vox, que consideran que aún quedan flecos de la operación por aclarar. Dudas que, quizá, puedan despejar el próximo lunes, cuando Miguel Ángel García Martín volverá a comparecer, en este caso en la comisión de Presidencia de la Cámara autonómica.