Del sanguinario Txeroki a los casi 200 presos etarras en la calle: la sombra de las exigencias de Otegi a Sánchez

Ir andando por una calle de San Sebastián y encontrarte, frente a frente, con Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, exjefe del aparato militar de ETA, ya no es una utopía. Las recientes decisiones penitenciarias que han beneficiado a antiguos miembros de la banda terrorista, entre ellos Txeroki o el tercer grado a Asier Arzalluz, alias Santi, asesino del periodista José Luis López de la Calle, han reabierto el debate sobre la política penitenciaria y su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El caso de Txeroki, al que el Gobierno vasco ha concedido un régimen de semilibertad mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, se suma a una sucesión de progresiones de grado, terceros grados y libertades condicionales que han permitido la salida de prisión –total o parcial– de decenas de presos vinculados a ETA en los últimos años, desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciaras.

Txeroki, detenido en Francia en 2008 y entregado definitivamente a España en 2023, fue condenado por la Audiencia Nacional a penas que suman centenares de años de prisión por su responsabilidad en múltiples atentados, entre ellos el intento de asesinato de la ex teniente de alcalde de Portugalete Esther Cabezudo y otros ataques mortales. Apenas 16 meses después de su traslado definitivo a una prisión española, el Gobierno vasco le ha concedido un régimen que le permite salir del centro penitenciario de Martutene durante los días laborables.

La medida, adoptada en virtud del artículo 100.2 –una fórmula que combina elementos del segundo y el tercer grado– es de aplicación inmediata, aunque debe ser revisada por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha mostrado reparos y asociaciones de víctimas han reclamado su revocación.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que estas decisiones responden a una interpretación «flexible» de la normativa penitenciaria y ha advertido de que la ley permite, pero no obliga, a conceder este tipo de beneficios. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha subrayado que, en su opinión, no se están exigiendo de forma efectiva los requisitos de arrepentimiento y desvinculación que establece la legislación para progresar en grado en casos de terrorismo.

Las asociaciones de víctimas han reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra estas decisiones y han advertido de que la acumulación de beneficios penitenciarios está generando una sensación de impunidad.

Otegi y los 200 presos

Hace ya casi cinco años, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó públicamente que su formación tenía como prioridad la situación de los aproximadamente 200 presos de ETA que permanecían entonces en prisión y vinculó esa reivindicación a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. «Si para que salgan hay que votar los Presupuestos, los votaremos», declaró en un acto interno de su formación.

Horas después, tanto el propio Otegi como el Gobierno central negaron que existiera un pacto explícito que condicionara el apoyo parlamentario a la liberación de presos, pero la realidad es que, desde entonces, las condiciones de vida de los mismos solo han ido a mejor, abandonando la cárcel por distintas vías como el cumplimiento íntegro de condenas, progresiones de grado, aplicación del artículo 100.2 o libertades condicionales. Una constatación de que las palabras de Otegi no fueron una petición ni un deseo, sino un señuelo al porvenir.