Cartel de la campaña de Down España, con Víctor, en el centro
El Gobierno lleva seis años impidiendo que Víctor y otros niños con síndrome de Down vayan al cole que quieren
Down España denuncia que seis años después de aprobarse la LOMLOE, el Gobierno no ha implementado el Plan Estratégico de Educación Inclusiva para dotar de apoyos a los centros ordinarios, aunque los padres los elijan para sus hijos.
Como todos los niños de su edad, Víctor está a punto de empezar el curso escolar. Lleva unas gafas de pasta azul que enmarcan sus ojos risueños y despiertos, le gusta el fútbol y hasta luce con alegría su camiseta de la selección española.
Como muchos otros pequeños de su edad, Víctor va a un colegio inclusivo, en el que se escolarizan por igual niños con necesidades educativas especiales y otros que no las tienen. Sus compañeros le conocen desde pequeño, juegan con él en el recreo, y explican con naturalidad que «es una persona sensible, muy alegre y contenta», y que «tener a Víctor como compañero es muy chulo, porque es una persona muy especial». Tan especial, que Víctor tiene un cromosoma extra, que le hace tener síndrome de Down.
De hecho, este pequeño de enorme sonrisa es uno de los protagonistas de «Tengo un compañero con síndrome de Down», la campaña lanzada por la federación Down España coincidiendo con la vuelta a las aulas.
Sin dotación, ni calendario
El problema es que la experiencia de Víctor es cada vez menos frecuente, porque una de cada ocho familias cuyos hijos tienen Trisomía 21 no han logrado escolarizarlos en el tipo de centro que deseaban para ellos.
Una cifra que, de hecho, puede llegar a ser mucho mayor. Y que tiene una causa concreta: seis años después de aprobarse la nueva ley educativa, la LOMLOE, el Gobierno aún no ha aprobado el plan que debería dotar a los centros inclusivos de recursos suficientes para atender al alumnado con necesidades especiales, ni se sabe cuándo podría implementarse.
Una de cada ocho, sin el centro elegido
Esa es la denuncia que recoge el último Estudio de las barreras para la educación inclusiva, elaborado por Down España, y que señala cómo al menos una de cada ocho familias (el 12,3 %) no consiguió escolarizar a su hijo en el centro que quería.
La federación denuncia, además, que matricular a un alumno en un colegio ordinario no supone necesariamente que exista una inclusión real, porque puede ocurrir –y de hecho ocurre– que pase buena parte de la jornada separado de sus compañeros en aulas específicas, o que no cuente con los apoyos necesarios.
«Es injusto que un niño con síndrome de Down llame a las puertas de un colegio y no le atiendan ni acojan igual que harían con cualquier otro niño», denuncia María Oñez, vocal de la Junta Directiva de Down España.
Padres sin capacidad de elección
Aprobada en medio de una notable polémica y sin el respaldo de la comunidad educativa, la LOMLOE estableció en 2020 que el Gobierno y las Comunidades Autónomas debían desarrollar un plan para que, en un plazo de diez años, los centros ordinarios dispusieran de los recursos necesarios para atender a los alumnos con algún tipo de discapacidad o de necesidad especial.
La ley impone, además, numerosas limitaciones para que las familias puedan elegir en libertad otro tipo de centros de educación especial (no inclusivos, sino específicos), restringiéndolos sólo a aquellos alumnos que precisen «una atención muy especializada».
Incluso aunque los padres los elijan y presenten informes terapéuticos o escolares que refrenden esa decisión, la norma prioriza (hasta extremos que lo hacen incluso obligatorio) la escolarización en centros ordinarios... que sin embargo no cuentan con los medios necesarios.
Seis años esperando al plan LOMLOE
El plazo de implantación de la LOMLOE, por tanto, no termina hasta 2030. Sin embargo, seis años después de aprobarse la norma, y sin tener ni siquiera unos Presupuestos Generales que lo hagan viable, el Plan Estratégico de Educación Inclusiva todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Ni siquiera dispone de un calendario oficial de implantación, que no llegaría –como pronto y en el mejor de los casos– hasta 2027.
Ahora, como denuncian desde Down España, los cientos de niños con Trisomía 21, como Víctor, que se preparan para volver al cole, muestran que la inclusión de estos pequeños sería posible... si hubiese voluntad y responsabilidad política para que sus padres pudiesen elegir, en libertad, el centro que prefieren para sus hijos.
«Prácticas ilegales» para apartar a los alumnos de los colegios ordinarios
Entre ellos, menciona presiones para que las familias firmen documentos de escolarización sin información suficiente, evaluaciones psicopedagógicas utilizadas para justificar la exclusión o dictámenes que limitan la permanencia en centros ordinarios.
Todo ello, para «segregar y excluir» a los niños con síndrome de Down.
La entidad, de hecho, denuncia también la proliferación de aulas específicas no adaptadas, dentro de colegios ordinarios, en las que algunos alumnos permanecen separados durante buena parte de la jornada, sin la atención necesaria.
Por ese motivo, la entidad recomienda a las familias no firmar documentos bajo presión, solicitar todas las aclaraciones necesarias e incluso dejar constancia por escrito de su desacuerdo, si es preciso.