¿Cuánto cuesta una residencia de mayores en España? Esto dicen los datos oficiales

La población española envejece a un ritmo sin precedentes. Más de 10 millones de personas, el 20,7 % de la población, tienen ya 65 años o más, y el índice de envejecimiento alcanzó en 2025 el 148 %: hay 148 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Detrás de este fenómeno están el aumento de la esperanza de vida, que supera ya los 84 años, y una natalidad en mínimos: en 2024 nacieron 318.005 niños, la cifra más baja desde que hay registros. La base de la pirámide se estrecha mientras su parte alta no deja de crecer.

Es precisamente en la parte más alta de esa pirámide donde se concentra la demanda de cuidados. En España viven más de 3 millones de personas de 80 años o más, y tres de cada cuatro residentes superan esa edad. Según el censo de centros residenciales que acaba de publicar el Imserso, con datos de 2025, los 4.596 centros de mayores que respondieron al cuestionario suman 348.567 plazas, de las que el 91,1 % están ocupadas. Es una red prácticamente llena y, además, muy desigual: mientras Castilla y León dispone de 71 plazas por cada 1.000 mayores, Andalucía no llega a 18.

La brecha entre comunidades

La brecha entre comunidades es enorme. Castilla y León (71,3 plazas por cada 1.000 mayores), Castilla-La Mancha (70) y Aragón (61,3) encabezan la cobertura, muy por encima de la media nacional, situada en 35,1. En el extremo opuesto están Andalucía (17,7), Canarias (18,1), Baleares (21,6) y la Comunitat Valenciana (23,9). El caso andaluz es el más llamativo: es la comunidad con más mayores de España, más de 1,6 millones, y, sin embargo, la que menos plazas ofrece en proporción, con 28.504 en 381 centros.

Tampoco el envejecimiento explica por sí solo la distribución de las plazas. Galicia, la tercera comunidad más envejecida del país, con un 26,9 % de su población por encima de los 65 años, se queda por debajo de la media, con 28,8 plazas por cada 1.000 mayores. Asturias, la más envejecida (28,4 %), alcanza, en cambio, las 51,5. Madrid (36,2) y Cataluña (35,5), las dos comunidades con más plazas en términos absolutos, se sitúan prácticamente en la media.

¿Quién gestiona las residencias?

Dos de cada tres residencias de mayores son de titularidad privada: 3.025 de los 4.596 centros censados, el 65,8 %. El modelo más extendido es el de titularidad y gestión privada con ánimo de lucro, que agrupa 2.015 centros, el 43,8 % del total. Pero la gestión privada va más allá: muchas residencias públicas están en manos de empresas o entidades sociales, de modo que solo una de cada ocho, el 12,3 %, está gestionada directamente por la Administración.

¿Cuánto cuesta una residencia?

Según el censo del Imserso, el tramo más habitual para una plaza en habitación individual se sitúa entre 1.500 y 2.000 euros al mes, el que aplican el 26,1 % de los centros, seguido del de 2.000 a 2.500 euros (24 %). Algo más de uno de cada cinco centros supera los 2.500 euros. La habitación compartida, que sigue siendo mayoritaria en las residencias españolas, apenas abarata la factura: el 62,5 % de los centros la cobra entre 1.500 y 2.500 euros mensuales.

Las diferencias según quién gestiona el centro son notables. En las residencias de gestión pública, seis de cada diez centros cobran menos de 1.500 euros por una plaza en habitación compartida; en las privadas con ánimo de lucro, el modelo más extendido, solo lo hace el 6 %. En la habitación individual, uno de cada tres centros privados con ánimo de lucro cobra 2.500 euros o más, frente a uno de cada quince de titularidad y gestión pública.

Esos precios contrastan con lo que ingresan los mayores. La pensión media de jubilación es de 1.576 euros mensuales en septiembre, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que equivale a unos 1.839 al mes si se reparten las catorce pagas en doce meses. La de viudedad, relevante en un sector donde siete de cada diez residentes son mujeres, se queda en 976 euros, unos 1.139 prorrateados. Es decir, menos de lo que cobran tres de cada cuatro residencias por una plaza compartida. El propio censo advierte, no obstante, de que el precio de la plaza no es necesariamente lo que paga el usuario, ya que depende de la forma de acceso y de la existencia de un copago en las plazas públicas o concertadas.

Las ayudas

Las ayudas públicas alivian parte de la factura, pero no toda. Según la estadística mensual del Imserso, a 31 de agosto el sistema de dependencia sostenía 191.671 prestaciones de atención residencial, es decir, plazas públicas o concertadas, y otras 108.432 prestaciones económicas para pagar una plaza privada cuando no hay plaza pública disponible. Esa ayuda, conocida como «cheque residencia», tiene un máximo estatal de 747,25 euros al mes para los grandes dependientes, según el Real Decreto 675/2023, pero la cuantía real depende de la capacidad económica del beneficiario: la media es de 558 euros, muy lejos de los 1.500 a 2.000 euros que cobra una parte importante de los centros. Y vuelve a depender de dónde se viva, porque las comunidades pueden mejorarla: va de los 380 euros de media en Castilla-La Mancha a los 931 de Navarra, por encima incluso del máximo estatal.

¿Cómo se accede a una residencia pública?

El sistema de dependencia es la puerta de acceso a una plaza pública, pero se abre despacio. Según la estadística mensual del Imserso, de media transcurren 302 días, unos diez meses, desde que una persona solicita la valoración hasta que se resuelve qué prestación le corresponde, sea una plaza residencial o cualquier otra ayuda. Las diferencias territoriales vuelven a ser enormes: en Aragón el trámite se resuelve en 111 días y en Castilla y León en 120, mientras que en Murcia se alarga hasta los 536, en Asturias hasta los 416 y en Andalucía hasta los 413.

A 31 de agosto, 208.601 personas estaban pendientes de algún paso del proceso: 94.877 esperaban aún la valoración de su grado de dependencia y 113.724, que ya tenían reconocido el derecho, aguardaban la resolución de su prestación. Andalucía vuelve a destacar por lo negativo: de sus 28.606 personas pendientes, prácticamente todas, el 98 %, llevan seis meses o más esperando.

La espera tiene un coste difícil de medir. Entre enero y agosto de este año murieron 9.869 personas cuya solicitud aún no había sido valorada y otras 9.637 que, pese a tener reconocida la dependencia, no habían llegado a recibir la prestación. Cataluña y Andalucía concentran casi la mitad de esos casos.