Francisco Gullón, psicólogo: «Que tu hijo reciba terapia no debería depender del dinero que queda en casa»

En plena epidemia de salud mental azotando a los adolescentes hasta convertirse ya en un verdadero problema de salud pública, y con los índices de suicidio disparados en esa franja de edad, los recursos al alcance de las familias para ayudar a sus hijos son tan necesarios... como escasos.

Sólo los hogares que pueden permitirse abonar los honorarios de profesionales privados –y que van de los 60 a los 120 euros por consulta– pueden poner al alcance de sus hijos las terapias y acompañamientos que necesitan.

Una situación que ya está haciendo estragos en buena parte de los jóvenes (y de sus padres), como explica el psicólogo clínico Francisco Gullón, especialista en terapia con adolescentes y profesor de la Academia de Preparación para Psicólogo Interno Residente (APIR).

–Empecemos por el principio. Con la salud mental de los jóvenes por los suelos... ¿Qué señales deberían hacer saltar las alarmas a unos padres?

–A veces, el sufrimiento de un hijo se parece más a una mala conducta que a una petición de ayuda. Puede aparecer como irritabilidad, aislamiento, cambios importantes en el sueño o la alimentación, abandono de actividades que disfrutaba o dificultades para acudir al colegio. Conviene fijarse en cuánto ha cambiado respecto a cómo era, cuánto dura ese cambio y cuánto interfiere en su vida.

Tampoco debemos convertir cada enfado en un síntoma. La adolescencia necesita margen para el conflicto y la intimidad. Pero, si el malestar persiste, hay que acercarse con curiosidad, no solo con correcciones.

–Y esto, ¿cómo lo podemos aplicar en el día a día?

–Antes de preguntar «¿por qué te comportas así?», intentar preguntar «¿qué te está pasando?», por ejemplo. También hay que prestar atención a las autolesiones o las expresiones de querer morir, que requieren valoración sin demora; y si existe peligro inmediato, atención urgente.

–La falta de psicólogos en el sistema público, ¿impacta a las familias? ¿Cuánto puede perjudicar que un adolescente espere meses para ser atendido?

–La lista de espera no pone en pausa la vida de un adolescente. Mientras llega la cita, siguen las clases, las relaciones, los conflictos, las decisiones sobre su futuro... Cuando el problema afecta a esos ámbitos, pueden acumularse dificultades: faltar a clase, perder amistades o sentirse cada vez menos capaz.

No todos los adolescentes empeorarán por esperar, ni podemos establecer un daño idéntico para todos. Depende de la gravedad, de los apoyos y de la atención que reciban mientras tanto. Pero pedir ayuda supone a veces un esfuerzo enorme. Si la respuesta tarda meses, algunos pueden vivirlo como una confirmación de que tendrán que arreglárselas solos. Un sistema público debe poder valorar la urgencia y ofrecer apoyo durante la espera.

–¿Y qué ocurre cuando entre una sesión y otra pasan ocho o diez semanas?

–La continuidad forma parte del tratamiento; no es un lujo añadido. La atención psicológica necesita un hilo: construir confianza, comprender lo que ocurre, trabajar sobre ello y revisar los cambios. Para un adolescente al que le cuesta hablar, sentirse seguro con alguien puede llevar tiempo.

Ocho o diez semanas pueden ser adecuadas en determinados seguimientos de personas estables, pero resultan insuficientes cuando se necesita un tratamiento activo y frecuente. En esos casos, la consulta corre el riesgo de dedicarse a reconstruir todo lo ocurrido desde la anterior, con poco espacio para avanzar. La frecuencia debe decidirse por necesidad clínica. Cuando la impone la saturación de la agenda, el profesional pierde capacidad para ofrecer el tratamiento que considera indicado.

–¿Hay problemas que podrían resolverse con una intervención temprana y que se complican por la espera?

–Sí. Hay dificultades que pueden abordarse antes de que ganen terreno.

–¿Por ejemplo?

–Pensemos en un adolescente que empieza a evitar el instituto por ansiedad: si la situación se prolonga, al miedo inicial pueden sumarse el retraso académico, la desconexión de sus compañeros y las discusiones en casa. Ya no estamos atendiendo únicamente el problema de partida, sino también sus consecuencias.

Por eso, intervenir pronto puede evitar que el sufrimiento termine organizando la vida de toda la familia. Eso no significa prometer que cualquier problema se resuelve con unas pocas sesiones. Significa valorar a tiempo qué necesita ese menor: atención individual, trabajo con sus padres, coordinación con el centro educativo o una combinación de todo. Porque a veces también hay que actuar sobre aquello que le está haciendo daño.

–¿Qué diferencia hay entre acudir al psicólogo por prevención y acudir cuando ya existe un trastorno?

–La prevención busca reducir riesgos y reforzar apoyos; cuando existe un trastorno, necesitamos además una evaluación y un tratamiento específicos. Pero entre ambas situaciones hay mucho espacio: se puede necesitar ayuda por un sufrimiento importante sin cumplir los criterios de un diagnóstico.

Tan importante es no llegar tarde como no patologizar las dificultades normales de crecer.

No hace falta esperar a tener un trastorno para merecer ayuda, pero tampoco hace falta convertir la infancia en una consulta permanente. Prevenir también es apoyar a las familias, actuar frente al acoso y crear entornos seguros. La psicología clínica aporta precisamente criterio para distinguir qué necesita tratamiento especializado y qué puede acompañarse desde otros recursos. Y tan importante es no llegar tarde como no patologizar las dificultades normales de crecer.

–Ya sabemos que las familias pasan verdaderos apuros para llegar a fin de mes; cuánto más si hay que añadir el coste de una terapia psicológica. ¿Qué consecuencias tiene que una familia no pueda permitirse entre 60 y 100 euros por sesión?

–Si se indican cuatro sesiones al mes, estamos hablando de entre 240 y 400 euros. Para muchas familias, eso está obligando a recortar otros gastos, espaciar las citas o, directamente, interrumpir el tratamiento. Y puede aparecer una culpa muy dolorosa en los padres: sentir que están fallando a su hijo cuando lo que falta son recursos.

Hay que repetir que no poder pagar una terapia no es fallar como madre o padre. La responsabilidad de garantizar una atención necesaria no puede descansar sobre el presupuesto doméstico. Una sanidad pública insuficiente convierte las diferencias económicas en diferencias de acceso al cuidado.

–¿Y qué haría falta para remediar esta situación?

–Necesitamos más especialistas en Psicología Clínica y equipos con condiciones para atender con continuidad, trabajar con las familias y coordinarse con los colegios. Yo soy profesor de APIR, donde preparamos a quienes aspiran a convertirse en especialistas en Psicología Clínica por la vía PIR (Piscólogo Interino Residente), y veo cada día a personas con una enorme vocación y muchas ganas de trabajar en la sanidad pública. No faltan ganas de cuidar; lo que faltan son plazas para que esa vocación llegue a las familias. Necesitamos más plazas de formación PIR y más puestos de psicólogos clínicos en hospitales y centros de salud mental. El talento y el compromiso están ahí, pero hay que darles sitio en la sanidad pública. La posibilidad de que un hijo reciba tratamiento a tiempo no debería depender de cuánto dinero queda en casa a final de mes.