Las Cortes en 1931
¿Qué fue de los diputados de las últimas Cortes de la República?
El clima de los últimos años de la República estalló en una oleada de odio y represión generalizada que afectó también a los miembros del congreso
Las últimas Cortes de la Segunda República fueron elegidas en las controvertidas elecciones de febrero de 1936 (consideradas fraudulentas por las derechas y por el propio presidente de la República). Estaban constituidas por 473 diputados, de los cuales 286 pertenecían al Frente Popular, mayoritariamente del PSOE. Los diputados de la derecha (CEDA, Agrarios, monárquicos, Lliga catalana, etc.) junto a los republicanos de centroderecha sumaban 178 escaños (excluyendo a los 9 del PNV). El ambiente «guerracivilista», existente desde antes de las elecciones, estalló en una oleada de odio y represión generalizada al inicio de la guerra, afectando también a los diputados.
Los parlamentarios de centro y derecha asesinados o ejecutados durante la guerra fueron veintinueve (16% del total de diputados de centroderecha), aunque sin contar a Calvo Sotelo, asesinado previamente, ni al carlista aragonés, Comín Sagües (abuelo del actual político independentista catalán Antoni Comín), un activo colaborador de los sublevados muerto en accidente. La mayoría de ellos fueron asesinados tras sacarlos de las prisiones, sin juicio alguno, y ante la pasividad de las autoridades del Frente Popular. La peor matanza de diputados derechistas se produjo en la noche del 22 al 23 de agosto de 1936, en la Cárcel Modelo de Madrid, donde murieron cinco diputados (Albiñana, Álvarez Valdés, Esparza, Rico y Salort) ante la pasividad del gobernador civil de Madrid y del director general de seguridad, ambos también diputados de izquierdas (Villalta y Muñoz, fusilados en la posguerra). El ministro socialista Indalecio Prieto calificó la matanza como una «brutalidad».
Cadáver de Manuel Rico (Partido del Centro Democrático) asesinado en la Cárcel Modelo de Madrid.
El 26 de agosto de 1936, el Gobierno del Frente Popular, dirigido por José Giral, emitió un decreto creando la figura de los Tribunales Populares para, al menos aparentemente, encauzar y controlar la represión. Sin embargo, miles de fusilamientos se siguieron realizando al margen de dicho decreto (incluido el asesinato de Dimas Adánez en Paracuellos), a la vez que la carencia de garantías procesales y la composición de los tribunales no detuvo ni moderó las ejecuciones. Una muestra es el caso de Rafael Melgarejo Tordesillas (CEDA), primer diputado condenado a muerte después del decreto por un Tribunal Popular por ser católico, de derechas y propietario. Melgarejo no había participado en el golpe del 18 de julio ni había presentado resistencia a las autoridades gubernamentales, pero esto no impidió que fuera asesinado en septiembre de 1936, en Ciudad Real. Esta provincia sorprende por concentrar cinco diputados muertos, solo superada por la provincia de Madrid, con trece asesinados por seguidores del Frente Popular.
Por el otro lado, durante la guerra, cuarenta diputados de izquierdas fueron asesinados o ejecutados por los sublevados (14% de la izquierda parlamentaria), incluyendo a José Suñol y Garriga (diputado de ERC y presidente del FC Barcelona) muerto en circunstancias aún no del todo claras tras introducirse en automóvil, erróneamente, en las líneas nacionales del frente de Guadarrama.
La mayoría de los diputados del Frente Popular murieron en Andalucía (diecisiete), territorio controlado por Queipo de Llano. Destacando los asesinatos de los diputados izquierdistas Manuel Barrios y José González junto a Blas Infante, sin juicio alguno, el 10 de agosto de 1936; así como las ejecuciones sumarísimas de cuatro diputados en Córdoba entre el 29 y 30 de julio de 1936. También llama la atención la gran mortandad en el territorio de la División Orgánica de Galicia donde murieron ocho diputados izquierdistas. En dicho territorio, relativamente alejado de las líneas del frente, sorprende la fuerte represión dirigida por el coronel auditor Luciano Conde Pumpido.
La represión de los sublevados
Estrictamente, no se puede considerar la represión de los sublevados como «franquista» hasta el 1 de octubre de 1936, cuando Franco se hace cargo de la jefatura de los nacionales. Si bien el 1 de noviembre de 1936 se publica un decreto donde se trata de controlar y centralizar la represión en un Alto Tribunal de Justicia Militar, comenzando a funcionar la nueva estructura represiva en febrero de 1937. Desde dicha fecha hasta el final de la guerra se ejecutaron, por Consejos de Guerra, a tres disputados. Dichos Consejos no aportaban muchas más garantías que los Tribunales Populares republicanos, pues a pesar de contar con un proceso reglado de forma tradicional, se abusó de los artículos 237 y 238 del código de justicia militar, relativos a la rebelión, lo que de alguna manera era un contrasentido. Se utilizaron dichos artículos como un comodín, válido tanto para condenar graves delitos (asesinatos, violaciones, etc.) como para fusilar a enemigos políticos.
Sirva de ejemplo el caso de uno de los miembros más jóvenes de las Cortes, el diputado socialista Luis Rufilanchas Salcedo, fusilado en La Coruña en julio de 1937. Rufilanchas era abogado y profesor colaborador del catedrático Jiménez de Asúa. Contaba gran prestigio entre el alumnado, como lo demuestra el que Mercedes Formica, alumna suya y miembro de la Junta Política de Falange, le admirase y tratase de proteger durante la guerra. El análisis del proceso de Rufilanchas muestra que no se pudo probar ninguna actividad suya contra los sublevados durante la guerra. Por lo tanto, ni tan siquiera se justifica la acusación de «adhesión a la rebelión». Sin embargo, fue fusilado, mejor dicho, asesinado, por sus ideas y su actividad política y judicial durante los años de la República.
Luis Rufilanchas Salcedo, diputado socialista fusilado en la Coruña
Tras la guerra, otros diecisiete diputados fueron ejecutados y dos más murieron en la cárcel con condenas a prisión. Uno de estos fue Julián Besteiro, líder del sector moderado y democrático del PSOE. La lectura del proceso contra Besteiro muestra como la acusación del fiscal se apoyaba en su colaboración con el Gobierno del Frente Popular, cuando su única participación consistió en la representación de la República en la coronación de Jorge VI de Inglaterra, donde aprovechó para buscar apoyo internacional para una paz negociada. Murió de enfermedad, encarcelado, en septiembre de 1940. Serrano Suñer, cuñado de Franco y uno de los arquitectos del nuevo Estado franquista, consideró una «torpeza» el proceso de Besteiro.
No sólo es grave la represión sobre los diputados, ya que tristemente se cometieron miles de «brutalidades» y «torpezas» por ambos bandos, que nos deberían servir para saber a dónde condujo el odio y la intolerancia política, así como el desprecio de la legalidad constitucional por los Gobiernos y las oposiciones durante la República.