La última vez que un soberano católico frustró la elección de un Papa

Era el 2 de agosto de 1903 y los cardenales de la Iglesia católica llevaban reunidos en cónclave desde el 31 para elegir al sucesor de León XIII, fallecido diez días antes. El favorito, el cardenal secretario de Estado saliente, Mariano Rampolla del Tindaro –también antiguo nuncio apostólico en España entre 1882 y 1887– había encabezado las dos primeras votaciones. Su camino hacia la Silla de Pedro parecía imparable.

Fue el momento elegido por el cardenal y príncipe obispo de Cracovia, Jan Puzyna de Kosielsko, para dirigirse al cónclave. Intentó, anteriormente, comunicar por escrito. Pero el secretario del cónclave, el arzobispo español Rafael Merry del Val –sería nombrado cardenal en noviembre de ese año–, se negó. Puzyna se levantó y afirmó con la mayor solemnidad: «Me honra, siendo llamado a este oficio por una altísima orden, de solicitar humildemente a Vuestra Eminencia, como Decano del Sagrado Colegio de los Eminentísimos Cardenales de la Santa Iglesia Romana, y Camarlengo, que reconozca para su propia información y notifique y declare de manera no oficial en nombre y por la autoridad de Su Majestad Apostólica Francisco José, emperador de Austria y rey de Hungría, que deseando Su Majestad hacer uso de un antiguo derecho y privilegio, pronuncia el veto de exclusión contra mi Eminentísimo Señor Cardenal Mariano Rampolla del Tindaro».

El veto en la elección de un nuevo Papa

El «antiguo derecho y privilegio» en cuestión era el ius exclusivae, o derecho de exclusiva, que facultaba a los soberanos de las potencias católicas históricas, –la España de Su Majestad Católica, el Portugal de Su Majestad Fidelísima, la Francia de Su Majestad Cristianísima y la Hungría de Su Majestad Apostólica– vetar la elección de un Romano Pontífice; generalmente para defender sus propios intereses geopolíticos más que por motivos espirituales. Lo hacían a través de los «cardenales de la corona», encargados de defender sus intereses en el cónclave.

El ius exclusivae nunca fue reconocido formalmente por la Iglesia, aunque sí aceptada en la práctica. Respecto de cuando un soberano católico hizo uso de él por primera vez, las fuentes históricas difieren: para algunas, existen precedentes en la Edad Media.

Según escribe el historiador Luciano Trincia en Conclave e potere politico, il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee, Felipe II de España fue el primero en usarlo «de forma manifiesta», al notificar a los participantes en el cónclave de 1590 una lista de cardenales «favorables» y «otra de desfavorables». Para con sus intereses, obviamente. El ius exclusivae se fue consolidando como práctica frecuente, aunque no sistemática, hasta el siglo XIX –en 1830, Fernando VII, el último soberano español en vetar a un candidato– y empezó a decaer a partir de 1846.

A ello contribuyó –no siendo el único motivo– el derrumbe de los Estados Pontificios, consumado con la unificación de Italia en 1871. Pese a conservar su dignidad y atribuciones –la Ley de Garantías, votada por el Parlamento italiano, le reconocía el derecho de enviar nuncios y recibir embajadores y el de extraterritorialidad dentro de los muros vaticanos– Pío IX se consideraba preso en el Palacio Apostólico.

Pero no inactivo: en 1874, por ejemplo, confirmó el non expedit (no conviene) que, en la práctica, significaba prohibir a los católicos italianos participar en la vida política del país: el Romano Pontífice no les dejaba votar, ni ser votados. Una medida comprensible, pero de consecuencias inicialmente dramáticas para sus destinatarios, y que sirvió igualmente para consolidar el aislamiento diplomático de la Santa Sede en un escenario geopolítico europeo que experimentaba importantes cambios.

Uno de ellos fue la alianza que formalizaron el 20 de mayo de 1882 la Alemania protestante –su canciller, Otto von Bismarck, perseguía a los católicos a través del Kulturkampf–, la Doble Monarquía austrohúngara de Francisco José y la Italia antivaticana de los Saboya y sus élites liberales.

Las dos primeras potencias ya eran aliadas desde que en 1866 los prusianos –el Imperio alemán aún no se había constituido– infligieron una severa derrota a los austriacos en Sadowa, asumiendo el liderazgo del mundo germánico. El emperador Francisco José concluyó que más valía unirse a la potencia ascendente en vez de continuar con una hecatombe militar, probable preludio del declive político. De esta forma, sacrificaba su papel como protector de la Santa Sede en aras de su propia estabilidad.

Tensión en las capitales europeas

Este nuevo paradigma obligaba a la Santa Sede a buscar nuevas vías para romper su aislamiento. León XIII, que sucedió a Pío IX en 1878, diseñó una nueva estrategia: la internacionalización de la Cuestión Romana. Así se llamaba el problema que asolaba a la Santa Sede desde que en 1870 las tropas italianas dejaran al Papa sin territorios.

Prosigue Trincia: «Entre 1878 y 1887 se buscará en tierras germánicas una solución al asedio estrechado en torno a la Iglesia de Roma, mediante una política de pequeños pasos y de acercamiento mutuo hacia el Reich bismarckiano. Será la fase alemana de León XIII». Sin embargo, en 1887 el Papa hace regresar desde Madrid al cardenal Rampolla del Tindaro y le nombra secretario de Estado: empieza la fase francesa de la diplomacia pontificia.

Francia, deseosa de revancha tras la humillante derrota militar de 1870, seguía siendo el mayor de enemigo de Alemania, que bien poco hacía para calmar las aguas. Por parte de la Santa Sede, el interés en fortalecer los vínculos con París se explicaba por su empeño en que los católicos franceses aceptasen al ya irreversible régimen republicano, proclamado en 1875, de una vez por todas, proceso conocido, en clave historiográfica, como ralliement.

Asimismo, le interesaba a León XIII que Francia, con su protagonismo en un continente africano que estaba siendo colonizado a pasos agigantados, protegiese a las misiones católicas allí instaladas. ¿Merecía esa apuesta sacrificar toda la relación con el mundo germánico y con Italia? Rampolla del Tindaro, en todo caso, la asumió.

A esta nueva perspectiva se sumaban las circunstancias propias del secretario de Estado, de vieja estirpe siciliana; por lo tanto, muy hostil a la Casa de Saboya, unificadora de Italia en contra, entre otros, de los Estados Pontificios y del Reino de las Dos Sicilias. Víctor Manuel III, por su parte, y aunque no dispusiera de ius exclusivae –Italia no existía cuando fue instituido–, correspondía sin disimulo el desprecio que le profesaba el cardenal Rampolla del Tindaro.

El conflicto se extendió, incluso, al plano dinástico: el monarca italiano, siendo príncipe heredero, contrajo matrimonio en 1896 con una princesa ortodoxa, Elena de Montenegro, ante la negativa de los soberanos católicos de «ceder» a alguna de sus hijas. Así estaban las relaciones entre la Santa Sede e Italia.

Otro papel incómodo era el que incumbía a Austria-Hungría, desgarrada entre su carácter católico y lealtad geopolítica para con sus aliados alemanes italianos. Pese a que puntualmente se producían episodios de diálogo entre Roma y Viena –sin ir más lejos, Francisco José suplicó a León XIII, mediante un telegrama de 2.000 palabras, que permitiese funerales católicos para su hijo, el archiduque heredero Rodolfo, que se había suicidado, según la versión oficial, junto con su amante María Vetsera–, las relaciones seguían siendo tirantes.

De poco sirvió, por ejemplo, que Austria fuese un país puntero en materia de catolicismo social, tan impulsado por León XIII a través de la encíclica Rerum Novarum.

Estas eran las rígidas posiciones en las principales capitales europeas a principios del siglo XX cuando la salud de León XIII –nacido en 1810– empezaba a deteriorarse. El mismo Papa era consciente de ello desde hacía tiempo: en 1889 estableció nuevas reglas de cara al siguiente cónclave y encaminadas a evitar injerencias del poder civil durante su celebración.

Se puede decir que en vano: en las capitales europeas más vinculadas al ius exclusivae se empezó a maniobrar mucho antes de que León XIII empezase a agonizar, hasta el punto de que los gobiernos con menos capacidad de influencia geopolítica designaron discretamente a sus «cardenales de la corona». España se decantó por el cardenal primado y arzobispo de Toledo, Ciriaco Sancha y Hervás, mientras que Portugal hizo lo propio con el patriarca de Lisboa, José Sebastiao Neto. Francia, pese a no ser monarquía, dio sigilosas instrucciones, por si acaso, al cardenal Benoît-Marie Langénieux, arzobispo de Reims.

Guillermo II no podía utilizar el ius exclusivae, manteniéndose, él y su Gobierno, oficialmente ajenos al proceso. La realidad es que encargaron al cardenal Georg Kopp, arzobispo de Breslau y enemigo confeso de Rampolla del Tindaro, intrigar intensamente en los días previos al cónclave. El interesado cumplió el encargo con creces. Faltaba, Austria-Hungría: de paso por Viena camino de Roma, el cardenal Puzyna de Kosielsko recibió la orden de vetar a Rampolla del Tindaro.

La maniobra alcanzó su objetivo: el secretario de Estado saliente, pese a encabezar las primeras votaciones terminó siendo derrotado por Giuseppe Sarto, patriarca de Venecia, que eligió el nombre de Pío X. Una de sus primeras decisiones consistió en promulgar la constitución apostólica Commissium Nobis, que prohibía definitivamente el ius exclusivae. La libertas ecclesiae ya era plena.