El gran expolio de la Guerra Civil: oro, arte y patrimonio en manos de la República
En la primera entrega de este especial repasamos cómo el expolio del patrimonio artístico en España comenzó mucho antes de la Guerra Civil, impulsado por leyes desamortizadoras y el desprecio ideológico por lo sagrado y lo antiguo. En esta segunda parte, nos adentramos en el momento más brutal del despojo: el estallido del conflicto armado.
Durante la Guerra Civil, el arte se convirtió en moneda de guerra, rehén político y botín de supervivencia. Desde el vaciado del Banco de España hasta las incautaciones masivas de obras en palacios e iglesias, esta entrega analiza cómo las milicias, los gobiernos y las instituciones compitieron por controlar no solo el territorio, sino también la memoria cultural. A través de estos dos análisis históricos, mostramos cómo el arte fue embalado, etiquetado y a menudo manipulado con fines que nada tenían que ver con su valor estético o espiritual.
El mayor robo de la historia de España. El expolio del Frente Popular
El conflicto de la Guerra Civil provocó que cada bando buscase maneras de financiarse. El Frente Popular que mantenía el reconocimiento oficial, disponía también del control de las principales instituciones económicas y bancarias en la capital de España. Juan Negrín como responsable del Ministerio de Hacienda centralizó bajo su autoridad todas las instituciones financieras excepto las dependientes de los gobiernos catalán y vasco.
El 17 de noviembre de 1936 se produjo el traslado de los servicios centrales del Ministerio de Hacienda junto con el Banco de España, la Oficina de Contratación de Moneda, las Compañías Arrendatarias del Monopolio de Petróleos, Tabacos y Cerillas, y el Consejo Superior Bancario a Valencia, después de que el Gobierno se trasladase a Barcelona un mes antes.
En el inicio de la guerra, el Banco de España tenía 708 toneladas de oro fino, 638 de ellas en Madrid y el resto en el extranjero, con lo que España era el cuarto país del mundo en cuanto a reservas de oro. Una reserva importante que el gobierno republicano irá vendiendo y trasladando principalmente a la URSS a cambio de armament, al ser el más importante suministrador del ejército popular. Tema muy estudiado y del que resaltan los trabajos de Pablo Martín Aceña y Ángel Viñas, con los que se demuestra que la URSS proporcionó el armamento cobrándose de las reservas depositadas en su territorio nacional, aunque el modo de obtención de aquellas reservas si fue forzada contra las autoridades del Bando de España.
Sobre la visión general de las políticas económicas llevadas por ambos bandos, el mejor trabajo es claramente el de Jose Angel Sánchez Asiáin, Economía y finanzas en la guerra civil española (1936-1939).
Al agotarse aquellas reservas, la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, que se formó en el inicio del conflicto, y que más tarde pasó a denominarse Junta Central del Tesoro Artístico, tuvo la finalidad de hacerse cargo del patrimonio incautado en palacios, iglesias y otros edificios asaltados, cuyos dueños habían sido asesinados o apresados, con el objetivo de inventariar y trasladar los bienes de valor a depósitos bajo control de las milicias gubernamentales.
El hecho más significativo de la junta fue el traslado de las obras de arte del Museo del Prado, con la excusa de ponerlos a salvo de posibles bombarderos, bajo la sospecha de que pudiesen servir como reserva auxiliar de pago para mantener el suministro de armas. Al final del conflicto pudo ser recuperado y devuelto al Museo del Prado y el resto a los herederos de los paseados.
La justificación legal que amparará el latrocinio será el decreto del l3 de octubre de 1936, que obligaba a la entrega de oro amonedado o en pasta, divisas y valores extranjeros a toda persona individual o colectiva en un plazo de 7 días, entrega que se debía hacer a los bancos, y que se completaría con otro decreto del día 10 que establecía la creación de un juzgado especial para la persecución de los que incumplieran la orden. Por otro decreto del 4 de enero de 1937, se ordenó a los Bancos que la cantidad recogida por los decretos anteriores fuera entregada al Banco de España.
Sin embargo, las operaciones militares fueron dilucidando la derrota final de los frentepopulistas y el gobierno decidió vaciar los fondos del Banco de España, las cajas de seguridad particulares de los bancos, del Monte de Piedad, de la Caja General de Reparaciones y del Museo Arqueológico Nacional.
El director general del Tesoro, Francisco Méndez Aspe escoltado de carabineros procedió a forzar las numerosas cuentas para su vaciamiento del Banco de España, apropiándose de dos depósitos de «radium», de la Facultad de Medicina; de los depósitos de oro, de la Sociedad de Metales Preciosos; el tesoro de la Catedral de Toledo; el del monasterio de El Escorial; y de joyas provenientes de familias acaudaladas de la alta sociedad.
También los sectores más populares fueron afectados de la apropiación de los depósitos con sus alhajas y otros bienes que habían empeñado en el Monte de Piedad. El Monte de Piedad de Madrid era una institución de crédito que prestaba dinero con garantía de objetos, que pertenecía al Ayuntamiento de Madrid.
También fueron desvalijados las colecciones históricas de numismática del Museo Arqueológico Nacional. Felipe Mateu y Llopis, conservador del Gabinete Numismático, a riesgo de su vida, se dedicó a retirar de las vitrinas las más importantes monedas de oro y comenzó a guardar parte de aquel tesoro para evitar su latrocinio.
Estos bienes son los que formaron parte del denominado «tesoro del Vita», un yate comprado a través de empresas superpuestas por el gobierno de Juan Negrín para preparar su fuga a México. Los hechos han sido descritos en el trabajo del catedrático de Prehistoria de la Universidad de Barcelona, Francisco Gracia y de la profesora de Patrimonio cultural la Universidad Oberta de Catalunya, Gloria Munilla, que se complementan con el excelente trabajo que realizó el profesor Martín Almagro Gorbea, Académico de número de la Real Academia de la Historia y su Anticuario Perpetuo. Sin embargo, aquel tesoro cuando llegó a México será apropiado por Indalecio Prieto, quien, en connivencia con el gobierno mejicano de Lázaro Cárdenas, montó la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), que relevará de sus funciones al SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles) controlado por Juan Negrín.
Los fondos serán gestionados por un fideicomiso del posterior Gobierno del general Manuel Ávila Camacho, y los beneficiarios fueron los enemigos de Juan Negrín agrupados bajo el liderazgo de Indalecio Prieto y los allegados al ejecutivo de Avila Camacho, famoso, como la mayoría de los políticos vinculados a la dictadura del PRI por su corrupción.
¿Incautaciones franquistas? Los cuadros de Urtasun y Pedro Rico
El seguimiento informativo de la devolución de siete cuadros a los herederos del último alcalde republicano de Madrid, Pedro Rico, por parte del actual Ministro de Cultura en fechas recientes ha sido, cuando menos, curioso. Las noticias hablaban de incautaciones franquistas o, en el mejor de los casos, de obras no devueltas por el franquismo, simplificando la realidad, que es lo mismo que falsearla.
Para ello, nada mejor que acudir al ingente trabajo documental y de investigación que, sobre Las incautaciones de bienes culturales durante la guerra civil y la posguerra se ha venido llevando a cabo en archivos y museos estatales, disponible en la web del Ministerio de Cultura. Allí podemos encontrar, reunidos y en abierto, los datos ciertos e incuestionables de un complejo y largo proceso en el que se distinguen tres incautaciones de obras de arte provocadas por la guerra civil: la primera, realizada en 1936 por las organizaciones que se repartieron literalmente palacios, casas nobles, iglesias y conventos de Madrid tras la ola de destrucciones - atribuidas por la propaganda republicana, siempre más eficaz que la de los sublevados, a «algunos elementos incontrolados»-.
Incontrolados o no, las organizaciones a las que pertenecían esos elementos ocuparon y se incautaron enseguida de numerosos inmuebles tanto eclesiásticos como particulares con el correspondiente patrimonio mueble que se encontraba en su interior: cuadros, alfombras, tapices, relojes, esculturas, porcelanas…. Así, por ejemplo, al Partido Comunista le correspondería en el reparto el Palacio de Liria, a las Juventudes Socialistas Unificadas el de Fernán Núñez, a la Brigada Motorizada el de Medinaceli o a la Alianza de Intelectuales Antifascistas el de los Condes de Heredia Spínola.
El Gobierno republicano crea entonces, el 23 de julio de 1936, la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico y pone en marcha una encomiable labor de localización y registro de los bienes culturales incautados por aquellas organizaciones y, a su vez, los incauta él mismo, llevándolos, en calidad de depósito y en el caso de Madrid, al Museo Arqueológico Nacional, Museo del Prado, San Francisco el Grande y otros lugares considerados seguros.
La procedencia de la primera incautación quedó registrada inequívocamente en las siglas ASM, PC, CNT…escritas en las etiquetas de papel pegadas al dorso de las obras recuperadas por la Junta y que aún se conservan en algunas de éstas depositadas en Ministerios y otros edificios públicos.
La segunda incautación fue, por tanto, la realizada entre 1936 y 1938 en Madrid por la Junta republicana, llevada a cabo por personas de mérito encomiable que dejarían bien documentada su labor. Coetáneamente a ésta han de citarse también las incautaciones de bienes requisados por la República a particulares y organismos que habían apoyado la sublevación militar, realizadas por la Caja General de Reparaciones, dependiente de Hacienda y a menudo en conflicto con la actividad de la Junta.
Menos comprensible y encomiable fue la decisión del gobierno republicano de trasladar una parte de las obras pictóricas y del Tesoro del Delfín del Museo del Prado desde Valencia hasta Ginebra, episodio tan injustificable como arriesgado que, sorprendente y afortunadamente, acabó bien. Pero esta es otra historia.
¿Y la tercera incautación? Cuando terminó la guerra ya llevaba un año funcionando, en el bando finalmente vencedor, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, peor organizado y con menos medios, según afirmaciones de su propio responsable, Pedro de Muguruza. El Servicio, trabajando a medida que se resolvía la situación militar, fue receptor y tomó el testigo de la Junta, llegando incluso a convertirse ambas organizaciones en algún momento en la que se venido llamando una «Cruz Roja del arte».
Terminada la guerra, el Servicio se hizo cargo, por poner un dato, de las 32.640 piezas fichadas en el Depósito del Museo Arqueológico Nacional y de los 24.000 cuadros en el Depósito del Museo del Prado. A estos se sumarían otros muchos, entre ellos los recuperados tras su robo en momentos de descontrol; los depósitos de la citada Caja General de Reparaciones del Ministerio de Hacienda y Economía; y finalmente, por parte franquista, el Depósito del Palacio del Hielo, formado por obras requisadas por las nuevas autoridades a personas significadas del bando republicano.
Se abrió entonces un periodo de reclamación con exposición pública, varias veces prorrogado hasta los años 60, con la finalidad de devolver lo incautado a sus legítimos dueños. Los objetos no reclamados – por incomparecencia o imposibilidad de demostración de la propiedad – acabarían repartidos por centros oficiales, museos e iglesias, donde aún se pueden encontrar una parte de ellos y sobre los que se sigue haciendo hoy un importante trabajo de identificación e investigación.
La incautación de los cuadros de la colección de Pedro Rico fue realizada por la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. Si no le fueron devueltos por el Servicio franquista a su propietario al terminar la guerra fue por encontrarse éste en el exilio.
Especial realizado por:
Redacción: José Luis Orella y Mónica Ruiz Bremón. Diseño: David Díaz.