Dos sacerdotes en la II República: uno defendió a la Iglesia, el otro al laicismo radical

Tras el advenimiento de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, la mayor parte de la Iglesia no mostró, en principio, hostilidad al nuevo régimen, salvo algunos casos como el del cardenal Segura, algo que le costaría el exilio. Dos sacerdotes se mostraron partidarios del régimen republicano y, no solo eso, sino que fueron diputados de las Cortes Constituyentes de 1931. Hablamos del segoviano D. Jerónimo García Gallego y del catalán D. Luis López-Dóriga.

D. Jerónimo era, desde 1920, el canónigo archivero de la diócesis de Osma-Soria, además de profesor en el seminario diocesano y director del semanario católico Soria, Hogar y Pueblo. El sacerdote no circunscribió su misión al ámbito pastoral, sino que fue un conferenciante muy reputado sobre temas políticos y sociales, llegando a impartir alguna ponencia en la Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Al mismo tiempo, se posicionó contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera y, al caer su gobierno, se mostró abiertamente republicano, algo que lo llevó a presentarse a los comicios que elegirían a las Cortes Constituyentes para elaborar la nueva carta magna. D. Jerónimo fue elegido como diputado independiente, pero no comunicó este hecho a su obispo, por lo que este lo suspendió a divinis.

El sacerdote, en las Cortes, defendió los intereses de la Iglesia y, así, votó contra el artículo 26, que establecía la supresión de la Compañía de Jesús, y denunció el carácter antirreligioso de la carta magna. Sus intervenciones en las Cortes causaban la risa de sus compañeros, puesto que su mayor obsesión era atacar al diario El Debate, por el mero y simple hecho de haber apoyado a la dictadura del general Primo de Rivera. Terminada la contienda, se exilió a Cuba hasta su muerte en 1954.

El otro sacerdote que formó parte de aquellas Cortes fue D. Luis López-Dóriga, deán de la catedral de Granada, que fue elegido como diputado del Partido Republicano Radical Socialista. D. Luis sí se lo comunicó a su obispo, aunque este no le otorgó permiso expreso; sin embargo, una vez elegido diputado, le dispensó de la obligación de ir a coro. Sus posturas en las Cortes diferían de lejos de las de García Gallego, mostrándose totalmente partidario de un laicismo radical.

Así, defendió a ultranza la separación de la Iglesia y el Estado, o el favor del divorcio, debido a que era necesario que el régimen respetase la libertad de conciencia de los ciudadanos. Vistas estas actuaciones, el arzobispo granadino lo amonestó, pero, al hacer caso omiso, el vicario capitular escribió una carta abierta en El Debate y otros medios, ordenándole que, en un plazo de tres días, debía retractarse de todo lo dicho o, si no, sería suspendido a divinis, algo que ocurrió definitivamente el 29 de noviembre de 1931.

Más adelante, se posicionó a favor de la ley que suprimía la Compañía de Jesús. Tras su suspensión canónica, su figura fue perdiendo interés y, en las siguientes elecciones, no fue elegido como diputado. Terminada la contienda, también se exilió, pero a México, y allí se encargó de la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles. Años más tarde, pidió perdón al arzobispo y le rogó volver a la diócesis. Este lo perdonó, pero no le dejó regresar, puesto que había dejado un mal recuerdo en la diócesis. Falleció en el exilio mexicano a principios de los setenta.

Estos dos casos constituyen dos excepciones al comportamiento general del clero en aquellos años. Sin embargo, se presentan notables diferencias: el primero, D. Jerónimo, defendió en las Cortes los derechos de la Iglesia, mientras que el segundo obró movido por el carácter laicista, de inspiración masónica, que guiaba a la mayoría de aquellos diputados.