Del Protectorado a Pegasus: la historia de las complejas relaciones entre España y Marruecos

Separadas por apenas catorce kilómetros en el Estrecho de Gibraltar, España y Marruecos están condenados a entenderse. Comparten una de las fronteras más sensibles del mundo, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, las plazas de soberanía del norte de África, importantes rutas comerciales y migratorias y desafíos comunes como el terrorismo yihadista o el narcotráfico. Pero esa misma proximidad convierte cualquier desacuerdo en un asunto de enorme trascendencia para ambos países.

Para comprender por qué la relación bilateral continúa siendo una de las más delicadas de la política exterior española hay que retroceder hasta mediados del siglo XX. Cuando terminó la Guerra Civil en 1939, España era un país devastado económica y socialmente.

La dictadura de Franco debía reconstruir un estado arruinado y, pocos años después, afrontar un aislamiento internacional que se agravó tras la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el Protectorado español en el norte de Marruecos adquiría un valor estratégico extraordinario.

Desde allí habían partido en 1936 las tropas del Ejército de África –la Legión y los Regulares marroquíes– que desempeñaron un papel decisivo en el triunfo del bando nacional. No era, por tanto, un territorio cualquiera para el franquismo, sino uno de los pilares sobre los que se había construido su propia victoria.

Desde 1912, Marruecos había quedado dividido entre un Protectorado francés, mucho más extenso, y otro español, concentrado en la franja norte y en la zona de Cabo Juby. Aunque formalmente el sultán seguía siendo la máxima autoridad, eran París y Madrid quienes ejercían el verdadero control político y militar sobre sus respectivas áreas de influencia.

El final de la Segunda Guerra Mundial aceleró el proceso de descolonización en buena parte del mundo. También en el norte de África comenzó a crecer con fuerza el nacionalismo marroquí, encabezado por el sultán Mohamed V.

Francia, cada vez más debilitada por la presión internacional y los movimientos independentistas, terminó aceptando la independencia de Marruecos en marzo de 1956. Apenas un mes después, España hizo lo propio y puso fin a su Protectorado.

Pero la independencia no cerró todos los frentes abiertos ya que España conservó Ceuta y Melilla –que nunca habían formado parte del Protectorado, sino que eran plazas españolas desde siglos antes de la existencia del Estado marroquí–, además de los peñones e islotes del norte de África, el enclave de Ifni y el Sáhara Español.

Para las nuevas autoridades marroquíes, sin embargo, la construcción del nuevo Estado pasaba por incorporar todos aquellos territorios que consideraban parte de un supuesto «Gran Marruecos». Aquella aspiración marcaría buena parte de las relaciones bilaterales durante las décadas siguientes y hasta hoy.

La primera gran crisis no tardó en llegar. En 1957, apenas un año después de la independencia, el denominado Ejército de Liberación Marroquí lanzó una ofensiva contra Ifni y distintos puestos españoles en el Sáhara.

Comenzaba así la conocida como Guerra de Ifni, un conflicto olvidado, pero de enorme importancia para comprender lo que vino después. España respondió enviando refuerzos militares y, con el apoyo de Francia, consiguió recuperar el control de la situación tras varios meses de combates.

El conflicto concluyó oficialmente en 1958 con el mantenimiento de la soberanía española sobre Ifni, aunque la presión marroquí nunca desapareció. En 1969, el régimen de Franco acabaría entregando el territorio a Marruecos mediante un acuerdo diplomático.

En 1961 fallecía Mohamed V sucediéndole Hassan II. Inteligente, pragmático y extraordinariamente hábil en el terreno diplomático, comprendió pronto que la fortaleza de Marruecos no residía tanto en la superioridad militar como en su capacidad para aprovechar los momentos de debilidad de sus vecinos y convertir determinadas reivindicaciones territoriales en un poderoso instrumento de cohesión nacional.

Exactamente igual que parece que sucede ahora. Bajo su reinado, la cuestión del Sáhara Occidental pasó a convertirse en una prioridad estratégica. Rabat intensificó su reivindicación sobre el territorio precisamente cuando el franquismo comenzaba a mostrar síntomas evidentes de agotamiento.

A mediados de los años setenta, Franco se encontraba gravemente enfermo y España afrontaba una transición política inevitable y Hassan II supo leer aquel momento con enorme habilidad.

En noviembre de 1975 organizó la llamada Marcha Verde, una movilización de alrededor de 350.000 civiles marroquíes que avanzaron hacia el Sáhara Español protegidos por miles de soldados desplegados discretamente en retaguardia.

La operación perseguía un objetivo claro: forzar a España a abandonar el territorio evitando un enfrentamiento militar que hubiera resultado muy costoso para ambas partes. Con Franco agonizando y el futuro político de España completamente abierto, el Gobierno optó por negociar.

Los Acuerdos de Madrid, firmados aquel mismo mes, establecieron la retirada española y la administración temporal del territorio junto con Marruecos y Mauritania. Para Rabat supuso una enorme victoria diplomática; para España, el final de su presencia que hoy continúa trayendo consecuencias sobre la política internacional y sobre las propias relaciones hispano-marroquíes.

La proclamación de Juan Carlos I en noviembre de 1975 abrió una nueva etapa también en las relaciones con Marruecos. Aunque España iniciaba la construcción de un sistema democrático y el reino alauí seguía siendo una monarquía autoritaria bajo el firme control de Hassan II, ambos jefes de Estado mantuvieron durante décadas una relación personal fluida que contribuyó a amortiguar algunas de las frecuentes tensiones diplomáticas. Sin embargo, esa buena sintonía nunca logró eliminar los asuntos que periódicamente enfrentaban a ambos países.

Durante los años ochenta y noventa, la cooperación bilateral se intensificó en ámbitos como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el control del Estrecho de Gibraltar. El crecimiento de los intercambios comerciales convirtió además a España en uno de los principales socios económicos de Marruecos.

Pero, al mismo tiempo, Rabat nunca abandonó sus reivindicaciones sobre Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía españolas, mientras que la cuestión pesquera y el aumento de la inmigración irregular comenzaron a adquirir un peso creciente en la agenda política.

Aquella combinación de cooperación y desconfianza quedó especialmente patente en julio de 2002, durante la crisis del islote de Perejil, siendo Aznar presidente del Gobierno. Un pequeño destacamento de la Gendarmería marroquí ocupó este diminuto peñón deshabitado, situado frente a las costas de Ceuta.

España respondió con la denominada Operación Romeo Sierra, una intervención militar rápida y cuidadosamente planificada que permitió recuperar el islote sin que se produjera un solo disparo. La mediación posterior de Estados Unidos devolvió la situación al punto anterior al conflicto.

Más allá de la escasa entidad territorial de Perejil, el episodio tuvo un enorme valor simbólico. Demostró que la soberanía sobre cualquier enclave español en el norte de África seguía siendo un asunto extremadamente sensible para Madrid y confirmó que las relaciones con Marruecos podían deteriorarse con enorme rapidez incluso en momentos de intensa colaboración.

Pocos años después, Marruecos iniciaría una nueva etapa con la llegada al trono de Mohamed VI tras la muerte de Hassan II en 1999. El nuevo monarca proyectó inicialmente una imagen de modernización y apertura que despertó importantes expectativas tanto dentro como fuera del país.

Bajo su reinado, Marruecos impulsó importantes reformas económicas, reforzó su papel como aliado estratégico de Occidente y desarrolló una política exterior mucho más ambiciosa que la de décadas anteriores.

España pasó a considerar a Rabat un socio imprescindible en cuestiones como la lucha contra el terrorismo yihadista, especialmente tras los atentados del 11 de marzo de 2004, así como en el control de los flujos migratorios hacia Europa.

La colaboración policial y de los servicios de inteligencia evitó numerosos atentados y permitió desarticular redes de tráfico de personas y de narcotráfico. Marruecos fue adquiriendo una capacidad de presión cada vez mayor sobre España y sobre la propia Unión Europea gracias a su posición geográfica y al control de una de las principales rutas migratorias hacia el continente.

La mayor demostración de esa capacidad llegó en mayo de 2021. En apenas unas horas, alrededor de diez mil personas accedieron irregularmente a Ceuta después de que las autoridades marroquíes relajaran de forma deliberada los controles fronterizos. La crisis se produjo pocos días después de que España permitiera la entrada por razones humanitarias de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, para recibir tratamiento médico en un hospital de Logroño.

Marruecos respondía una vez más con hechos poniendo de manifiesto hasta qué punto la inmigración podía convertirse en un instrumento de presión diplomática. En marzo de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó oficialmente al rey Mohamed VI que España consideraba la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto. El cambio suponía abandonar décadas de neutralidad activa mantenidas por los distintos gobiernos españoles desde la salida del territorio en 1975.

La decisión permitió restablecer las relaciones diplomáticas con Rabat tras la crisis de Ceuta, pero provocó también un profundo debate político en España y un notable deterioro de las relaciones con Argelia, principal apoyo internacional del Frente Polisario.

En paralelo, otro episodio contribuyó a alimentar las sospechas sobre el complejo equilibrio de la relación bilateral: el denominado caso Pegasus. En 2022 se conoció que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y de varios miembros del Gobierno habían sido infectados con este sofisticado programa de espionaje.

Aunque diversas investigaciones periodísticas y análisis técnicos señalaron la posible implicación de Marruecos, la autoría nunca ha sido acreditada judicialmente ni el Gobierno español la ha atribuido oficialmente a Rabat. El episodio, no obstante, volvió a poner de relieve hasta qué punto la confianza entre ambos vecinos continúa siendo frágil.

Ochenta años después del final de la Guerra Civil, la historia demuestra que ningún gobierno español ha logrado construir una relación plenamente estable con Marruecos. Han cambiado los regímenes políticos, los jefes de Estado y los presidentes del Gobierno; también las prioridades económicas y los equilibrios internacionales.

Pero permanecen prácticamente intactos los grandes asuntos que condicionan la relación bilateral: Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental, el control de la inmigración, la lucha contra el terrorismo, la cooperación económica y la seguridad del Estrecho de Gibraltar.

España y Marruecos están condenados a entenderse porque la geografía así lo impone. Pero esa misma geografía hace también que cualquier discrepancia adquiera una dimensión estratégica difícil de encontrar en otras relaciones exteriores de nuestro país. La historia de estas últimas ocho décadas demuestra que, entre Madrid y Rabat, la cooperación y la tensión no son conceptos opuestos, sino dos caras de una misma realidad que, previsiblemente, seguirá marcando el futuro de ambos países.