El anticlericalismo gallego como antecedente de la Guerra Civil, un reflejo de la primavera trágica del 36

Hoy en día, cuando la Historia de España se centra en abordar la cuestión del anticlericalismo, es imprescindible la referencia a todo el periodo de la Segunda República. Desde la quema de conventos de 1931 a la violencia durante la Revolución de Asturias en 1934, los episodios de persecución religiosa son desafortunadamente frecuentes hasta el estallido de la guerra civil.

Acostumbrados a una mera recopilación estadística que contabiliza y expone este tipo de acontecimientos, es necesario atender también a la auténtica realidad humana derivada de los mismos. Con la llegada al poder del Frente Popular tras las elecciones de febrero de 1936, y antes del alzamiento del 18 de julio, es posible establecer un incremento exponencial de la violencia antirreligiosa en determinadas zonas de España. Un caso interesante es el de Galicia, que registra incidentes en sus cuatro provincias constitutivas, además de en diferentes sedes de gran relevancia religiosa.

Aumento de la tensión

En la provincia de Lugo, y durante los dos primeros meses de gobierno radical, existen registros de nueve sacerdotes expulsados de sus parroquias –de los cuales cuatro logran regresar– y el incendio de la sacristía de la iglesia de Rivasaltas. Con el incremento de la tensión, se producen otros cinco incidentes en los que se calcinan los templos de diversas parroquias, uno de los cuales logra ser sofocado por sus propios habitantes.

En el caso de la vecina Mondoñedo, cuatro iglesias sufren el mismo tipo de ofensas, mientras que dos sacerdotes son agredidos y forzados a abandonar su comunidad. Aquí destaca una nueva tipología de ataque, representada por el asalto a residencias de órdenes religiosas o particulares. Es el caso de la residencia de Misioneros de Ferrol, la Residencia de Misioneros del Inmaculado Corazón de María en la misma ciudad, y la intrusión en la vivienda del párroco de Serantes – una feligresía colindante. Más adelante, el obispo de la zona reporta profanaciones del Sagrario, destrucción de cruces, copones, misales e incluso asaltos a cementerios.

Las agresiones a sacerdotes se vuelven frecuentes y cada vez más violentas

Asimismo, empiezan a acontecer las primeras detenciones a sacerdotes, tres de ellos mindonienses, junto a otros dos multados. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el clérigo de Valdoviño, castigado por no terminar la inauguración de un centro juvenil con la fórmula «salud y República».

Estas mismas dinámicas se replican en Orense, si bien aquí se detectan las primeras intromisiones del poder político en el ámbito religioso. Así, dos ayuntamientos se incautan de los cementerios locales, mientras que grupos de feligreses comienzan a asaltar las casas rectorales y ocupar territorios anexos a las iglesias. Estas últimas continúan siendo asaltadas, quemadas y profanadas, al tiempo que las agresiones a sacerdotes se vuelven frecuentes y cada vez más violentas. Es el caso de tres de ellos, encarcelados en Amoeiro, donde se les roban sus pertenencias y son verbalmente maltratados; o del presbítero de Palmés, cuya casa rectoral es atacada con una bomba.

Detención de sacerdotes

En Santiago se profanan imágenes de la Inmaculada y el Sagrado Corazón, que son arrastradas por la calle y violentadas con todo tipo de actitudes obscenas. Un grupo de afiliados de UGT y la CNT ocupan la iglesia de San Agustín, al tiempo que en La Coruña se incendian las iglesias de los padres Jesuitas y Redentoristas, la iglesia de los Terciarios y la Colegiata. Algunos espacios de culto son tomados por los vecinos, quienes buscan reconvertirlos en escuelas.

Acusándolos de fascistas, los sacerdotes de Andabao y Santiago de Vilamaior son atacados y amenazados de muerte por grupos de feligreses, quienes les expulsan de sus parroquias. Mientras que en Dordaño roban las campanas del templo, en Vilaboa un grupo de trescientos obreros asalta la casa rectoral – ahora, convertida en Casa del Pueblo-.

Por último, en Tuy también encontramos sus correspondientes incendios de iglesias, capillas, altares e imágenes. Alcanzamos aquí la detención de hasta quince sacerdotes, junto al asalto de la Juventud Masculina de Acción Católica.

El contexto gallego es una pequeña muestra de una agresividad amparada por la Segunda República

Estos son sólo algunos ejemplos de la tangible realidad persecutoria que creyentes, feligreses y eclesiásticos sufren durante los meses inmediatos al alzamiento del 18 de julio de 1936. Aunque la tendencia general se marca ya en la Constitución de 1931 con el establecimiento de la aconfesionalidad, nacionalización de bienes y disolución de órdenes, destaca una auténtica pasividad por parte del poder político a la hora de mantener el orden público y contener los ataques al ámbito religioso.

Por tanto, es posible establecer la existencia de una tendencia generalizada de violencia hacia todo aquello que guarde relación con la fe. Si bien posteriormente el bando nacional hace de ella una de sus principales señas de identidad, los meses previos están marcados por agresiones hacia cualquiera que represente y/o profese sus creencias. El contexto gallego es un estudio de caso, una pequeña muestra de una agresividad transversal, estatalizada y amparada por la estructura gubernamental de la Segunda República.

Mediante su comprensión, sale a la luz la otra cara de la moneda ideológica, que permite descubrir el punto de vista republicano acerca de la cuestión religiosa. Porque, tal y como recoge adecuadamente en este contexto la sabiduría popular: «el que sólo escucha una campana, un solo sonido oye».