Prisioneros de la Guardia Civil y de Asalto en Asturias
El aviso de 1934 ante el 29-N: cuando la izquierda respondió a las urnas con un golpe de Estado
En octubre de 1934, ambas fuerzas orquestaron un sangriento golpe de Estado para anular en las calles la victoria que la derecha había logrado en las urnas
España encara la recta final hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 en un clima de tensión institucional. Las encuestas, los bloques ideológicos y el debate sobre la legitimidad de las alianzas parlamentarias copan la actualidad.
Sin embargo, en política, el pasado es el mejor analista del presente. El pasado mes de octubre se cumplieron 92 años de un gravísimo ataque armado contra el sistema democrático de los años treinta: la Revolución de Octubre de 1934.
Para comprender la magnitud del golpe, es necesario retroceder a noviembre de 1933. Las urnas dictaron una sentencia rotunda contra el primer bienio republicano, un periodo marcado por una dura legislación anticlerical y la marginación de la derecha social.
La CEDA y el triunfo del voto católico
La respuesta ciudadana a los abusos gubernamentales no fue el boicot, sino la organización masiva. Impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y bajo el liderazgo mediático de figuras como Ángel Herrera Oria, la sociedad conservadora acudió en bloque a los colegios electorales.
El resultado fue un vuelco absoluto. La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil-Robles, arrasó en las urnas y se convirtió en la principal fuerza del arco parlamentario. La derecha había ganado el derecho a gobernar utilizando, estrictamente, las reglas del juego democrático.
Sin embargo, la izquierda española rechazó el resultado de facto. El sector más radical del PSOE, controlado por Francisco Largo Caballero –conocido como el «Lenin español»–, advirtió públicamente que no permitiría gobernar a la derecha. Durante diez meses, el sindicalismo de la UGT y las juventudes socialistas se dedicaron a acumular armamento e instruir milicias. El objetivo no era ganar unas futuras elecciones, sino derrocar el sistema.
El pretexto: tres ministros conservadores
El 4 de octubre de 1934, el gobierno del republicano radical Alejandro Lerroux anunció una crisis de gabinete. Para reflejar la mayoría parlamentaria surgida de las urnas, Lerroux incluyó en su nuevo Consejo de Ministros a tres miembros de la CEDA. Ocuparon carteras menores: Trabajo, para José Oriol Anguera de Sojo; Justicia, con Rafael Aizpún al frente, y Agricultura, de la mano de Manuel Giménez Fernández.
Una de las imágenes icónicas de la Revolución minera, que curiosamente no fue tomada en Asturias: una columna de Guardias Civiles con mineros capturados en Brañosera (Palencia), el 8 de octubre de 1934
A pesar de ser una maniobra de estricta normalidad parlamentaria, la izquierda la utilizó como casus belli. Horas después del anuncio, el PSOE y la UGT declararon una huelga general revolucionaria en toda España. El llamamiento no buscaba mejoras laborales, sino la toma del poder por la fuerza de las armas. El golpe fracasó en su intento de paralizar Madrid, pero desencadenó dos escenarios bélicos de extrema gravedad institucional que pusieron al Estado contra las cuerdas.
Asturias y el separatismo catalán
El epicentro del terror se localizó en las cuencas mineras. En Asturias, miles de milicianos abolieron la autoridad de la República durante quince días. Instauraron comités revolucionarios, emitieron moneda propia y desataron una cacería ideológica por las calles. El levantamiento dejó un rastro de sangre y destrucción masiva.
Los insurrectos asesinaron a decenas de sacerdotes, religiosos y guardias civiles, dinamitaron infraestructuras estatales y prendieron fuego al patrimonio cultural, reduciendo a cenizas la Universidad de Oviedo y volando la Cámara Santa de la catedral.
Ante la magnitud de la insurrección, el Gobierno ordenó la intervención del Ejército de África, comandado por el general Franco, para acabar con la rebelión y recuperar el control del territorio nacional.
Tropas norteafricanas desfilan en la calle Corrida de Gijón tras aplastar la revolución
Mientras Asturias ardía, el nacionalismo catalán ejecutó su propio golpe contra el orden constitucional. El 6 de octubre, aprovechando la desestabilización del Estado, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, salió al balcón del Palacio de la plaza de San Jaime. En un acto de flagrante deslealtad institucional, Companys proclamó el «Estado Catalán dentro de la República Federal Española».
La Generalitat armó a escuadras paramilitares e incitó al levantamiento callejero. La respuesta del Estado fue tajante y legalista. El general Domingo Batet, manteniéndose fiel al Gobierno central, declaró el estado de guerra. Tras unas breves pero intensas escaramuzas con artillería, Companys y todo su gobierno se rindieron de madrugada y acabaron en prisión.
Las urnas frente a la polarización
El balance oficial del Octubre del 34 superó los 1.300 muertos. A nivel político, certificó la defunción del sistema. La historiografía actual subraya de forma unánime que este golpe de Estado fue el verdadero inicio táctico de la Guerra Civil. Demostró que la izquierda radical de la época utilizaba la Constitución como una herramienta de un solo uso: si las urnas daban el poder a la derecha, la democracia dejaba de ser válida.
A menos de un mes de las elecciones del próximo 29 de noviembre, el eco de 1934 mantiene una vigencia incuestionable. La España de 2026 sigue arrastrando el desgaste de la polarización extrema, los cordones sanitarios contra el adversario conservador y las alianzas con fuerzas de corte rupturista. Ante este escenario, la historia dicta sentencia.
La mejor herramienta para proteger la integridad del Estado y frenar la exclusión ideológica no se encuentra en el extremismo, sino en el civismo, la organización y la movilización frente a las urnas para acabar con el Gobierno polarizador, corrupto y personalista que lleva ocho años en el poder. El 29-N, el voto vuelve a ser el principal escudo de la democracia.