Referéndum autonómico del 5 de noviembre de 1933 en Éibar, primera vez que la mujer pudo votar
Elecciones de 1933: cómo reaccionaron las derechas ante la corrupción y el enchufismo en la Segunda República
La desunión de los partidos de izquierdas republicanas y obreras, unida a su desgaste en el gobierno por su exclusivismo político motivaron la crisis política que llevó a la convocatoria de elecciones en noviembre de 1933
El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora impulso las elecciones. Sus objetivos eran evitar la total identificación del régimen con el proyecto político de la izquierda anticlerical, aplicando las leyes fundamentales con mayor prudencia y facilitando la integración de las fuerzas católicas que demostraban su plena lealtad, o al menos su deseo de llegar a entendimiento con la República.
La campaña electoral se desarrolló en medio de un clima tenso y radicalizado: la izquierda socialista defendiendo el carácter revolucionario del régimen y las fuerzas de derechas –unidas en defensa de la religión– denunciando el peligro marxista. El Partido Radical consiguió mostrarse como una alternativa moderada y centrista, arrebatando esa bandera a los conservadores de Miguel Maura, a quien no se le perdonaba su pasividad ante los incendios anticlericales de mayo de 1931.
Oficialmente, la jerarquía eclesiástica recomendó las candidaturas que defendían los intereses de la religión pero no señaló ninguna en concreto, aunque para los carlistas y monárquicos alfonsinos resultaba evidente la preferencia de la mayor parte del episcopado por la CEDA –Confederación Española de Derechas Autónomas– bajo el liderazgo de Acción Popular.
Pero en vísperas de las elecciones se logró una unión electoral entre posibilistas católicos y monárquicos de todas las tendencias al señalar como objetivo prioritario la derrota de la Revolución, a partir de un acuerdo de mínimos el 15 de octubre de 1933. Sin embargo, mientras los primeros deseaban modificar la legislación antirreligiosa mediante cierto consenso, los segundos exigieron la derogación completa e inmediata de las leyes laicas.
De ahí la oposición de los monárquicos al legalismo de Gil Robles y su insistencia en recordar ante los españoles que su alianza electoral no tenía más compromiso que la reparación de los derechos de los católicos heridos por ese laicismo extremista. Aceptaron lo que decían sus oponentes de izquierdas, es decir, que el régimen era de su exclusiva propiedad, por lo que la disolución de la legislación laica y socializante supondría su disolución y una oportunidad para la Restauración.
No se trataba de rectificar sino de quebrar. Alfonsinos y carlistas, de cara a las elecciones, crearon TYRE (Tradicionalismo y Renovación Española).
La alusión al enchufismo fue una constante de la prensa de derechas durante esos años, al criticar la propensión de los socialistas y republicanos a la acumulación de cargos y sueldos. Circularon listas con los nombres de los más aprovechados, pletóricos de empleos y gratificaciones, producto de sus variadas actividades.
En un folleto muy divulgado, Inmoralidad política, se expuso la relación de los personajes con el cortejo de cargos que desempeñaban, y en otro libro titulado Oligarquía y enchufismo, el mismo autor desveló las sumas acumuladas por algunas minorías: los 90 diputados republicanos radicales percibían 125.000 pesetas al mes; los 115 diputados socialistas totalizaban 738.363 pesetas mensuales, es decir, 6.420 cada uno; los 55 radical-socialistas, 378.487, a razón de 6.185 por representante; los 27 de Acción Republicana, 278.481, a 9.943 respectivamente; los 41 de Esquerra Catalana, 476.000, a 11.609.
En total, entre los cinco grupos políticos extraían del presupuesto nacional unos 24 millones de pesetas anuales. Un albañil ganaba, por jornal de 8 horas de trabajo, entre 8 y 20 pesetas.
Estas denuncias tuvieron mucho éxito y circularon como demostración del aburguesamiento y corrupción de la nueva clase política, tan crítica en estos mismos defectos con la anterior. La minoría radical-socialista se impuso una tarea moralizadora mediante una propuesta para que se hicieran públicos los cargos desempeñados por los diputados.
Algunos de ellos trataron de exculparse de la multiplicidad de sueldos pero otros, como el socialista Ángel Galarza, se negaron, atacando las críticas como difamadoras y manifestaciones contra el régimen. Sin embargo el efecto en las masas se hizo notar, en numerosos mítines electorales de estos grupos parlamentarios sus oradores fueron interrumpidos por gritos de acusación de corrupción y enchufismo.
Un cartel de la CEDA, en vísperas de las elecciones de 1936
Gil Robles mezcló muchos conceptos políticos durante la campaña electoral: si bien radicalizó en ocasiones sus discursos, en otras los moderó; si no dejó de mostrar su admiración por el autoritarismo corporativista y afirmó que su política tendía hacia la creación de un Estado nuevo inspirado en los principios tradicionalistas y cristianos, no abandonó nunca el gradualismo y se manifestó contrario al fascismo y la violencia.
Y el vuelco electoral se produjo: el centro-derecha obtuvo cerca de 300 diputados frente a los, más o menos, 100 escaños de las izquierdas, aparte de los 35 logrados por los monárquicos alfonsinos y carlistas, a los cuales se unieron posteriormente 12 diputados independientes, formando un grupo unido de 48 personas. Sin embargo, las izquierdas se negaron a reconocer una limpia victoria, comenzando la preparación de la revolución de octubre de 1934.
