Las protestas de este jueves contra la reforma de las pensiones en Francia se han visto empañadas por duros enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, así como por la destrucción de mobiliario urbano y de escaparates comerciales. Ochenta personas han sido detenidas y 123 policías heridos son el balance de la novena jornada de protestas en el país galo.
Según el Ministerio de Interior, los sindicatos han congregado a 1.089 millones de personas en Francia para mostrar su oposición a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Esta cifra oficial es inferior en unas 200.000 personas al récord de movilización registrado el 7 de marzo. La central sindical CGT estimó en ambos casos que hubo 3,5 millones de manifestantes.
París batió un récord con 119.000 manifestantes, según el ministerio, y 800.000. según el sindicato CGT. Como en la capital, las manifestaciones también degeneraron en incidentes en otras ciudades del país, como Rennes, Nantes, Burdeos o Lorient.
Los principales líderes sindicales se habían desmarcado de los actos violentos y los condenaron, al tiempo que acusaron a Macron, de apoyarse en ellos para desacreditar la fuerza de sus manifestaciones. Los sindicatos acusaron al presidente galo de «echar leña al fuego» de las protestas violentas al calificar de «muchedumbre» a los manifestantes y al comparar los actos violentos en Francia con acciones como el asalto al Capitolio en Estados Unidos o al Parlamento de Brasil.
«Es una provocación», indicó el líder de la CGT, Philippe Martinez, el más combativo de los sindicatos del frente unido, que protagoniza además otro tipo de acciones, como el bloqueo de depósitos de combustible.
El presidente galo aseguró este miércoles que espera que la reforma entre en vigor antes de final de año, una vez que reciba el visto bueno del Consejo Constitucional, mientras que los sindicatos aseguran que mantendrán las protestas y las huelgas para forzar la mano al Ejecutivo y que la retire.
Los próximos días se antojan decisivos para conocer el desenlace de una crisis que no parece acabada con la adopción del texto por el legislativo, lo que contraviene los planes de Macron de seguir adelante con su agenda política.