El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov
Asia Central
Un intento de golpe de Estado en Kirguistán acaba con más de 30 detenidos
Los servicios secretos han asegurado que el grupo incriminado debía «recibir próximamente financiación del extranjero»
Las autoridades de Kirguistán han anunciado este martes que han frustrado un golpe de Estado, que ha acabado con la detención de más de 30 personas, acusadas de querer «organizar disturbios» y planear la operación.
El Comité de Seguridad Nacional de Kirguistán (GNKB) ha hecho público, a través de un comunicado, que ha «frustrado las actividades ilegales de un grupo, que ha preparado acciones de protestas masivas y disturbios a gran escala en todo el país con la subsiguiente toma violenta del poder».
«Más de 30 personas arrestadas el lunes confesaron», subrayó el GKNB. El dirigente del partido político Eldik Kenech (Consejo Popular), sin representación parlamentaria, está acusado de ser el cerebro de este grupo de más de 100 personas y de haber organizado «reuniones clandestinas para discutir planes para tomar el poder por la fuerza».
Los servicios secretos aseguran que el grupo incriminado debía «recibir próximamente financiación del extranjero». Como resultado de las investigaciones, los agentes han recogido otros indicios materiales que acreditaban sus intenciones delictivas. Actualmente, se están tomando diligencias especiales para identificar a otras personas involucradas.
Las detenciones ocurren días después de la visita oficial del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante la que el presidente Sadyr Japarov afirmó estar «listo para trabajar mano a mano con la Unión Europea».
Aunque esta república de Asia Central ha disfrutado de un relativo pluralismo mediático y político en una región donde escasea la libertad de expresión, las oenegés denuncian un aumento de la presión contra los medios y la sociedad civil.
A finales de mayo, el líder del principal partido opositor en el Parlamento y ex candidato presidencial, el nacionalista Adakhan Madumarov, fue acusado de «disturbios», «toma del poder por la fuerza» y «abuso de poder». Ni la fiscalía ni el Parlamento han precisado, por ahora, el origen de estas acusaciones.
Madumarov es uno de los principales críticos de un acuerdo fronterizo con el vecino Uzbekistán que afecta especialmente al uso de un embalse de agua, un recurso crucial en esta región agrícola que sufre sequía.
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